viernes, 6 de julio de 2012

“Una práctica sistemática y generalizada”


El dictador Jorge Rafael Videla recibió 50 años de prisión. Las penas fueron bajando hasta los cinco años que recibió la apropiadora de Francisco Madariaga. El tribunal dio por probado el plan sistemático y los secuestros de los niños aún no encontrados.

(Fuente: Página 12 - Alejandra Dandan)


Y el día llegó. La Justicia dio por probado que la existencia de una “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad” en “el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Esa definición, pendiente desde el Juicio a las Juntas de Comandantes que no lo había dado por probado, reclamada durante más de 36 años por las Abuelas de Plaza de Mayo y por los nietos identificados, la dijo ayer la presidenta del Tribunal Oral Federal 6, María del Carmen Roqueta, en la sentencia del juicio por el robo de bebés. El dictador Jorge Rafael Videla recibió la pena histórica de 50 años de prisión, que se da por primera vez, por haber organizado esa práctica. El tribunal condenó además a otros ocho represores, entre ellos a Reynaldo Bignone, Santiago Riveros y los marinos Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta. Los jueces imputaron a los acusados por los casos de los niños que aún están desaparecidos, es decir, dieron por probados sus secuestros y entendieron que el delito continúa. También impulsaron una investigación sobre el emblemático vicario castrense Emilio Graselli y dispusieron la rectificación de las partidas de nacimiento. “Es un día memorable para la Argentina y para todo el mundo civilizado que sabe que en un país donde no hay justicia, no puede haber democracia. Y acá la estamos haciendo entre todos”, señaló Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

La sala de los tribunales de Retiro estaba en silencio. Frente a la línea de acusados, el blazer azul de Videla, el poncho de Bignone, la chalina de Riveros, se ubicó a las 18.18 Roqueta, seguida por los jueces Julio Luis Panela, Domingo Altieri y Pedro García de la Torre. Roqueta leyó poco después el artículo en el que por primera vez aparece definido legalmente el robo de niños como sistema. La sala escuchó. Luego leyó el nombre de Videla, los nombres de sus víctimas y llegó a la condena. Cuando leyó el monto de la pena, los 50 años pedidos por todas las querellas y la fiscalía de Martín Niklison, un número que pareció en ciertas ocasiones imposible, ahí, sí, se escuchó un suspiro colectivo en forma de alivio.

“Tengo una mezcla de sensaciones”, dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo apenas se levantó de la sala. “Porque por un lado celebro la condena de 50 años para Videla, lo cual se da por primera vez, y está el reconocimiento explícito y claro de la Justicia de que hubo un robo sistemático de niños y se condena al responsable emblemático. Pero por otro, las demás penas fueron más livianas de lo que esperábamos, aunque los abogados tienen su explicación, todavía podremos verlas.”

Estela se sentó al lado de Francisco Madariaga, que llevó a juicio a sus apropiadores Víctor Gallo y Susana Colombo. Detrás estaba Abel Madariaga, su padre, el único padre sobreviviente de los 35 casos revisados durante el juicio. Atrás y adelante estaban Elsa Pavón con su nieta Paula Logares; Macarena Gelman, María Victoria Montenegro, Rosa Roisinblit con su nieto Guillermo y Sara Méndez –la única de esas madres que sobrevivió– pegada a su hijo Simón, ahora recuperado.

“Yo lloré como una desgraciada, para serte sincera, porque fue la primera vez que escuché que existía el nombre de mi hermana”, dijo, como pudo, Adriana Moyano, la tía de Victoria Moyano Artigas, apenas se paró de su silla. “Treinta y cinco años para ver la cara de los que vieron nacer y sostuvieron a nuestro sobrina”, replicó al lado, Elsa Poblete. “Magnacco estaba ahí –dijo–: agarrando a mi sobrina.”

El punto más importante de la sentencia sin duda fue la definición del robo de niños. En una fórmula compacta, precisa y muy cuidada, el tribunal desplegó lo que no estaba dicho hasta ahora y a partir de ahora repetirá la Justicia. Después de leer una serie de nulidades, Roqueta pronunció el punto ocho de su sentencia: “No hacer lugar a los planteos de prescripción penal interpuestos por las defensas –dijo y siguió– por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar, artículo 118 de la Constitución”.

No dijo “plan”, pero dijo “práctica sistemática”, tal como lo habían sostenido la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía. Esa decisión había quedado pendiente desde el Juicio a las Juntas, en el que se absolvió a Videla por cinco de los seis casos que llegaron a juicio. Allí se consideró que ese práctica sistemática no existía y que las apropiaciones eran casos “aislados”.

Las penas

Al lado de Videla, el que recibió la segunda pena más alta fue el marino Antonio Vañek, condenado a 40 años de prisión como responsable de la Armada. El resto de las penas fueron más bajas de lo que se había pedido. Sin embargo, entre ellas, hubo una escala más alta para los lugares de mando, los llamados “instrumentadores” del plan: entre ellos, Acosta por la ESMA, condenado a 30 años de prisión y Riveros por Campo de Mayo, condenado a 20 pero juzgado sólo por dos casos.

Bignone recibió una pena de 15 años de prisión, menos de los 50 que pidió la fiscalía. Llegó a juicio por su participación en la última junta de comandantes, como Rubén Franco. Los dos estaban acusados por la firma de dos resoluciones: la de la autoamnistía y la que declaró la muerte de los desaparecidos, es decir también de los niños. Las querellas se esforzaron en mostrar, durante el debate, el documento con el peso y los efectos de cualquier otro acontecimiento jurídico y penal. Por alguna razón que anoche aún no se conocía, el tribunal condenó a Bignone pero absolvió a Franco.

Entre los autores directos –los responsables de haberse quedado con los niños– se hallaron las penas más bajas. Víctor Gallo y su ex mujer Susana Colombo, acusados por la apropiación de Francisco Madariaga, recibieron 15 y 5 años de prisión. Francisco lloró cuando Roqueta leyó la condena a Gallo, y luego volvió a hacerlo cuando pronunció la de Colombo. La pena para Gallo fue más baja que la que este Tribunal le había puesto a Víctor Rei por la apropiación de Alejandro Sandoval (que fue de 16 años) y la pena sobre Colombo fue la mínima, un dato que permite entender que los jueces tomaron aquello que ella argumentó durante el juicio: que su silencio fue producto de la violencia de género.

El tribunal anunció que dará a conocer los fundamentos de la sentencia el 17 de septiembre. Allí habrá otros elementos para analizar. La condena a Videla es una de ellas, de la lectura de ayer se desprendieron datos importantes para esta y otras causas. Uno de ellos es que la acusación incluyó el caso de Macarena Gelman, que nació en territorio uruguayo. La decisión es importante porque pese a que hay antecedentes en el fallo de Orletti y de Arancibia Clavel, las defensas alegaban que no podía incluirse porque la causa específica del Plan Cóndor todavía no tiene sentencia.

El otro dato, más fino jurídicamente, es que la acusación incluyó a niños que aún están desaparecidos, entre ellos el hijo de Laura Carlotto y nieto de la presidenta de Abuelas, y a Clara Anahí Mariani, la nieta de Chicha Mariani. Para los abogados aparece una revisión de cosas que dejó escrita la Cámara Federal en la causa 13 de 1985. Al descartar los casos que habían llegado a juicio porque los niños no estaban, entendió que no había delito. “La defensa había usado esos argumentos: dijo que no se sabe si están vivos y tampoco está probado que estén apropiados, por eso una definición sobre eso a nivel jurídico y simbólico es muy importante”, había dicho un día antes a Página/12 Alan Iud, del equipo jurídico de Abuelas.

A la noche, los ocupantes de la sala donde se habían realizado las audiencias durante un año y medio se retiraban. Estela de Carlotto se chocaba con Mirta Guarino, que llegaba de afuera. A Victoria Montenegro la agarraban las Abuelas de las filas de adelante. Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se emocionaba con el juicio justo, legal, “jamás por mano propia”. En ese momento pasó Elsa Pavón por la puerta de la sala. Chiquitita, abajo de la campera, como pudo levantó el dedo pulgar de la mano derecha y así dejó la sala. “Tuvieron un juicio justo en plena luz del día –dijo– y con toda la justicia y la ley que no tuvieron los nuestros.”

En los pasillos estaban todos. No se escuchó el Himno Nacional que los familiares de los represores suelen ponerse a cantar en los finales de los juicios como si fuese el escudo desde donde batallar. La Cámara de Casación habilitó una sala para ellos y siguieron la sentencia a través de una pantalla. Afuera se amontonaban las abuelas. Una de ellas le dijo a otra: “Misión cumplida”. Era Jorgelina Azzarri de Pereyra, la madre de Liliana Pereyra, una de las mujeres cuya historia y tránsito por la maternidad clandestina se escuchó en las audiencias. Una mujer que, además, encontró a su nieto hace cuatro años, pero él aún vive con otra identidad. “¿Por qué misión cumplida? Por los años de lucha, de pedir, de elaborar, a medida que pasan los juicios, los hijos y los nietos van logrando esto que es pedir justicia.”

Afuera de los tribunales, con la noche cerrada y el frío, los organismos de derechos humanos estaban acompañados por jóvenes de agrupaciones políticas y sociales. Cuando los vio, más temprano, Isabel Fernández Blanco, una de las sobrevivientes, decía: “¡Ya no estamos solos!”.


Los condenados

- Jorge Eduardo Videla, 50 años. Creyó que pasaría a la historia como presidente de facto, pero las actuales enciclopedias lo definen como “dictador argentino”. Nacido en Mercedes el 2 de agosto de 1925, podría postularse al Guinness por la cantidad de condenas por delitos de lesa humanidad que está acumulando. Desde hace pocos días ocupa el pabellón de detenidos por crímenes contra la humanidad de la cárcel de Marcos Paz. Sus recientes últimas palabras concluyeron su ciclo de exposición mediática y provocaron escozor cuando se permitió calificar a “las parturientas aludidas por las querellas” como “activistas que usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes”.

- Antonio Vañek, 40 años. Fue comandante de Operaciones Navales durante 1977 y parte de 1978, y luego fue jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Armada. Además de los testimonios de los sobrevivientes, fue acusado por los demás represores, como el ex capitán Adolfo Scilingo, y por periodistas. La ESMA estaba bajo su mando operativo. Los médicos navales Jorge Magnacco y Alberto Arias Duval señalaron la asistencia que prestó a los partos que tuvieron lugar “dentro de la clandestinidad de la ESMA”. Acosta refirió que las órdenes emanaban de Vañek. A fines de 1998, cuando fue detenido, dijo que Emilio Massera había dado las órdenes para “luchar contra la guerrilla”.

- Jorge “Tigre” Acosta, 30. Se le ha retirado el cargo de capitán de fragata, era quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA, y comandaba el grupo de tareas 3.3.2. Fue quien decidió arrojar al río a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce. Entre los 82 delitos que se le han probado están los secuestros de la familia Tarnopolsky, Nilda Actis, Lisandro Cubas, Carlos García, Ricardo Coquet y la sueca Dagmar Hagelin. En 1981 viajó a Sudáfrica para asesorar al gobierno del apartheid en la lucha contrainsurgente. En 1998 se descubrió que tenía una cuenta secreta en Suiza, que podría haberse usado para depositar el producto de los bienes sustraídos a los detenidos-desaparecidos. Fue condenado el año pasado en la megacausa ESMA.

- Santiago Omar Riveros, 20 años. Fue el primer militar en explicar el terrorismo de Estado y afirmó que “no ha habido desaparecidos, sino terroristas aniquilados en el marco de una guerra revolucionaria, y por tanto irregular”. Ex comandante del Cuerpo IV del Ejército y ex comandante de Institutos Militares fue condenado en Italia por la desaparición de tres ciudadanos italianos y, en 2006, cuando estaba procesado por delitos cometidos en el Plan Cóndor, la Justicia determinó que su indulto era inconstitucional. En agosto de 2009 fue declarado culpable del homicidio de Floreal Avellaneda, joven militante de la Juventud Comunista, cuyo cuerpo torturado apareció en las costas uruguayas.

- Reynaldo Benito Bignone, 15 años. Otro genocida que anhelaba el bronce por su condición de “último presidente de facto”. “Lo que tanto se mencionó de dar una lista de los muertos a mi juicio hubiera sido un error trágico. Si el propio Estado da por muerto a un individuo quiere decir que dispone de las pruebas para afirmarlo. Después vendrían los interrogantes: ¿quién lo mató?, ¿dónde está el cadáver?, ¿por qué lo mataron?”, razonó en su libro El último de facto, incorporado como prueba en la etapa preliminar. Participó activamente del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón y, poco después del golpe, ocupó el Hospital Posadas, que se convertiría en un campo de exterminio. Bignone fue considerado un eslabón fundamental para garantizar la impunidad a los ejecutores de la práctica sistemática de apropiación de los menores, por haber firmado el Documento Final, que estableció la muerte de todos los desaparecidos y la ley de autoamnistía.

- Víctor Gallo, 15 años. Ex capitán del Ejército, ex miembro del Batallón de Inteligencia 601 y ex carapintada. Durante el juicio dijo ser accionista de una empresa de seguridad denominada Cooperativa Lince. En 1997 fue condenado a diez años de prisión por robo calificado, tenencia de arma de guerra, privación ilegal de la libertad y coacción. También estuvo involucrado en la masacre de Benavídez. “Gallo decía que era una guerra, todo el tiempo hablaba del supuesto enemigo, para él todos eran enemigos, todo el tiempo con odio, toda la familia, con eso nos criaban”, dijo el apropiado Francisco Madariaga.

- Juan Antonio Azic, 14 años. Suboficial principal retirado de la Prefectura y ex miembro del grupo de tareas 3.3 de la ESMA. “Un interrogador, un torturador”, lo definió el sobreviviente de la ESMA Carlos Lordkipanidse, a quien Azic le dijo cuando estaba en la mesa de torturas, “si no hablás le reviento la cabeza contra el piso a tu hijo”, que tenía apenas 20 días. Luego puso al pequeño Rodolfo sobre el pecho de su papá y le aplicó picana. Se apropió de Victoria Donda y Carla Ruiz Dameri, nacidas durante el cautiverio de sus padres en ese centro clandestino. Fue condenado el año pasado a 18 años de prisión en la megacausa ESMA.

- Jorge Luis Magnacco, 10 años. Era ginecólogo en el Hospital Naval y actuó como autoridad médica en la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA, donde la “pieza de las embarazadas” era llamada “la pequeña Sardá” por los propios marinos. En 2005 había sido condenado a diez años por su participación en el secuestro de Rodolfo Pérez, nieto de la Abuela Rosa Roisinblit.

- Susana Colombo, 5 años. Esposa de Gallo, dijo haber sido quien acompañó a Francisco Madariaga por primera vez a Abuelas de Plaza de Mayo y, como parte de su plan de defensa, se definió como víctima de sucesivas formas de violencia doméstica de su cónyuge, a quien definió como un psicópata. Incluso dijo que temió que la matara y que no recurrió a nadie porque lo único que sentía era miedo. Pero no tuvo ninguna respuesta cuando le preguntaron por qué esperó hasta 2010 para decirle que podía ser hijo de desaparecidos. “No tuve la partida de nacimiento de los chicos, no elegía los nombres, nunca tuve la escritura de la casa, vivía aislada en el barrio militar donde uno vive y se calla la boca”, fue su descripción.



La voz de los jóvenes que recuperaron su identidad

Manuel Gonçalves Granada: Lo importante es que haya habido condenas, creo que eso es la medida de que se termina la impunidad. Obviamente, siempre queremos que las condenas sean las máximas, pero están condenados y quedó claro que hubo un plan sistemático. Por eso fue un día histórico.

Victoria Montenegro: Esto no nos pasó solamente a nosotros, sino a todo el pueblo argentino. Pudimos avanzar en la justicia, pudimos probar que en la Argentina hubo un plan sistemático de apropiación de bebés, que no les alcanzó con matar a nuestros padres, sino que también tenían que quedarse con nosotros y criarnos como ellos querían, pero gracias a las Abuelas, a las Madres, a los familiares que nos buscaron siempre podemos estar acá. Quiero decirles a mis papás gracias por soñar con tener un país mejor, gracias por darnos la vida, y gracias a las Abuelas por devolvérnosla. Y Gracias a Néstor porque en el 2003 vino a rescatar las historias de nuestros viejos.

Pedro Luis Nadal García: Están presos, donde tienen que estar, eso es lo primero a decir, aunque me quedé reflexionando sobre la condena a los apropiadores de Francisco (Madariaga). La Justicia es la que decide, pero creo que ellos merecían más por el daño que hicieron. De todas maneras, aunque no habría condena suficiente para pagar el genocidio, es un aliciente que se los haya condenado.

Sabino Abdala: Esto es una reivindicación de la lucha de las Abuelas, después de 35 años. Por eso es un momento de mucha alegría. Pero también está mezclada la angustia, porque todavía hay 400 hermanos que faltan recuperar y ellos siguen negándose a decir dónde están.

Francisco Madariaga: Por el lado de mis apropiadores –a él le dieron 15 años y a ella 5–, me queda un sabor amargo, porque yo estuve privado de mi identidad durante 32 años y medio. En relación a que se demostró que hubo un plan sistemático de robo de bebés fue satisfactorio. Así que estoy conforme por lo que significa para la lucha de las Abuelas, y con un sabor amargo por el lado personal. Pero fue gratificante poder escuchar la sentencia al lado de mi papá; a los dos meses de que recuperé mi identidad también pude escuchar la condena por el secuestro de mi mamá. Poder cerrar esa etapa judicial es reconfortante.

Mariana Zaffaroni Islas: El juicio tiene significado no sólo en lo personal, sino también en lo social. Para cualquier ciudadano, que acciones como éstas no queden impunes representa una garantía. Aunque no se puede volver al estado anterior, se siente la tranquilidad de que los responsables paguen.

Alejandro Pedro Sandoval Fontana: Hace 30 años, los represores decían que las Abuelas eran unas viejas locas que daban vueltas a la Pirámide y la sociedad lo creía, pero gracias a su lucha interminable por buscarnos, la sociedad fue descubriendo la verdad. Esta es una gran batalla ganada, no sólo por la sentencia, sino porque hay una sociedad que comprende y apoya la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. Nos quedan otras batallas: saber dónde están los 400 hermanos apropiados y encontrar los restos de los desaparecidos.

martes, 26 de junio de 2012

Videla: "Muchas parturientas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de ser combatientes"



Durante su último alegato en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 6, el expresidente negó la existencia de un "plan sistemático" de apropiación de niños durante la dictadura militar, aunque reconoció "acciones autónomas y asistemáticas", y reivindicó la actuación del Ejército durante la represión: "Lo más grave es haber enrostrado al Ejército de manera indirecta la autoría de un plan que no existió. Es mi deseo reivindicar al Ejército Argentino respecto de este agravio irracional y gratuito".

(Fuente: Página 12)

El dictador Jorge Rafael Videla, quien afronta un pedido de 50 años de prisión por parte del fiscal Martín Niklison, leyó un breve escrito en el cual consideró que "todas las parturientas, a quienes respeto como madres, eran militantes activas de las maquinarias del terrorismo y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de ser combatientes".

Como ya hizo en anteriores juicios en su contra, se autodefinió como un "preso político" en un juicio "que amenaza convertirse en una farsa para satisfacer políticas de quienes nos gobiernan, farsa que requiere habilidades histriónicas que no poseo". "Se pretende a través de la sentencia homologar una decisión política adoptada con sentido de revancha por quienes después de haber sido militarmente derrotados ocupan hoy cargos en el Gobierno", agregó y concluyó que aceptará la condena en su contra "en protesta, como un acto de servicio" a la hora de "cumplir" con su conciencia.

Acto seguido, el también enjuiciado Reynaldo Bignone se negó a hablar ante los jueces, al igual que el exgeneral Santiago Omar Riveros, el médico obstetra del Hospital Militar, Jorge Magnacco, y Antonio Vañek.

A su turno, el exagente de Inteligencia Eduardo Ruffo se lamentó por el "error" cometido al aportar datos para ayudar a recuperar al hijo robado a Sara Méndez, Simón Riquelo. "Ese es el error que me tiene hoy acá y por supuesto no me permitiría volver a cometer", dijo. "Flaco favor le ha hecho el fiscal a familias que buscan porque si alguien tenía la idea de aportar algún dato, después de su alegato, esa idea ha quedado totalmente descartada", advirtió respecto a la acusación en su contra del fiscal Niklison.

"No estaba cometiendo ningún delito con esa gestión, no hay 'pacto de silencio' entre los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad que participamos de la guerra contra el terrorismo. El único pacto de silencio que existe es el que ustedes promueven con actitudes como esta", continuó.

Luego, el exjefe del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, Jorge 'Tigre' Acosta hizo la más extensa exposición y también negó la existencia de un plan sistemático para apropiarse de bebés nacidos en centros clandestinos de detención. "Los procedimientos no hablaban de partos ni apropiación de niños, no he participado de ningún plan sistemático durante la guerra civil de la que se me ordenó participar. Hay casos particulares que sí existen y que como delitos que son deben ser analizados, pero no participé de ningún plan", insistió Acosta. "Todo lo que he conocido de niños nacidos en la guerra civil lo he dicho", concluyó, luego de recordar las notas enviadas a sus superiores sobre anónimos que circulaban acerca de la apropiación de un recién nacido por parte del exmarino Jorge Vildoza.

El último en dirigirse al Tribunal fue el exoficial de la Marina y también miembro del grupo de tareas 3.3.2 Juan Azic, apropiador de la diputada nacional Victoria Donda, quien le solicitó a los jueces que "hagan lo que corresponda".

miércoles, 13 de junio de 2012

Cronograma del juicio


Martes 26 de junio
10 hs.  Últimas palabras de Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Jorge Luis Magnacco, Santiago Omar Riveros y Antonio Vañek.

Jueves 5 de julio
10 hs. Últimas palabras de Eduardo Alfredo Ruffo, Juan Antonio Azic, Inés Susana Colombo y Rubén Oscar Franco.
A continuación, lectura de la sentencia.

Las últimas palabras de los acusados pueden ser televisadas. Los medios deberán tomar la señal de Incaa TV. 

viernes, 11 de mayo de 2012

En búsqueda de atenuantes


Los abogados de Eduardo Ruffo, acusado en este juicio por ocultar la identidad del hijo de Sara Méndez, y de Susana Colombo, apropiadora de Francisco Madariaga, intentaron exculparlos y destacaron que colaboraron para que encontraran su identidad.

(Fuente: Alejandra Dandan - Página/12)

Empezó la etapa de alegatos de la defensa en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés. Los abogados defensores de Eduardo Ruffo y de Susana Colombo pidieron absoluciones para los acusados. El ex agente de inteligencia Eduardo "Zapato" Ruffo está acusado por la sustracción, ocultamiento y sustitución de la identidad de Simón Méndez, el hijo de la uruguaya Sara Méndez. Susana Colombo, la ex mujer del represor de Campo de Mayo y ex carapintada Víctor Gallo, está acusada por la apropiación de Francisco Madariaga. Los casos tienen puntos en común. Los dos son "autores directos", imputados que llegaron a juicio acusados por un hecho puntual y no por todos los expedientes. Y algo del rol que tuvieron en el momento en el que aquellos niños, muchos años después, conocieron sus identidades emparienta las dos situaciones. Ese fue uno de los aspectos sobre los que recayó la estrategia de la defensa y también un aspecto que la fiscalía ya había ponderado y por el que atenuó el pedido de condena.
Con esta etapa empieza uno de los últimos momentos del juicio. Hoy por la mañana alegarán los defensores de Víctor Gallo, también acusado por la apropiación de Francisco Madariaga, y del prefecto Juan Antonio "Piraña" Azic, uno de los torturadores de la ESMA, apropiador de dos niñas y acusado en este contexto por la de Victoria Donda. También ellos llegaron a juicio acusados como autores directos de los delitos, los responsables que tuvieron en sus manos la ejecución de los crímenes. Luego será el turno de los defensores de los "autores mediatos", los represores de mayor peso en las fuerzas represivas de la dictadura que tuvieron en manos la organización del plan de robo de niños. Entre otros, son Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Santiago Riveros o Jorge "El Tigre" Acosta, representados en general por la defensa oficial. Todos ellos aparecen en general como responsables de la mayor cantidad de los 36 expedientes del juicio, con pedidos de prisión de 50 años.
De las dos defensas de ayer, la mejor fundada técnicamente fue la de Ruffo y es la que más hará trabajar a los fiscales. Ruffo es investigado desde 1983 y fue condenado, entre otras causas, por la apropiación de Carla Rutila Artés, a quien ella le abrió una causa paralela por abusos y fue condenado por su responsabilidad en los crímenes de Orletti. Llegó a este juicio porque Sara Méndez lo situó en el operativo de la noche del 13 de julio de 1976, cuando la secuestraron a ella y le robaron a su hijo recién nacido, apropiado por el comisario de esa zona. Ruffo es la persona que además, 26 años más tarde, aportó un dato que permitió ubicar a Simón. Su abogado Cristian Calé cuestionó puntos que eran previsibles. El recuerdo de Sara que permitió ubicar a Ruffo en el operativo, un recuerdo rememorado en 2004 a partir de la publicación de una foto en una revista donde él aparece de cuerpo entero. Cuestionó además que se lo haya acusado de participar en un operativo cuando en la causa Orletti lo condenaron por haber participado esa misma noche o esos días de otros distintos. Y cuestionó la figura de la sustracción y "ocultamiento", entre otras razones, porque según su teoría, cuando le preguntaron por el paradero de Simón, Ruffo dijo que no tenía la información sino que salió a buscarla.
La fiscalía rebatirá estos puntos en lo que se llama etapa de "réplicas". Podría decirse sin embargo que la defensa de Ruffo no dijo nada sobre el modo en el que opera la memoria en el cuestionamiento al recuerdo de Sara. Cómo son los mecanismos de memoria y olvido. Cuándo se recuerda y por qué. El juicio a los autores directos, esto es a quienes intervinieron con el cuerpo en los operativos, no tiene la prueba de los muchos testimonios que suelen sostener las acusaciones a los cuadros medios o jefes. Son recuerdos de una persona como en este caso, la única sobreviviente de aquel día enfrentado con quien integró el circuito represivo.
La pregunta sobre si Ruffo tenía los datos de Simón o tuvo que salir a buscarlos no altera la acusación en su contra en cuanto que tuvo durante 26 años la forma de encontrar esos datos que finalmente encontró, y no lo hizo, según creen los fiscales. En este punto hay un aspecto que tiene que ver con una de las características de estos delitos que es que no cesan hasta que dejan de cometerse. Los fiscales habían dicho durante la acusación que esa misma disposición a ir a buscar el dato, fue uno de los elementos que permite atenuar la pena pero no exime de culpas: "Veintiséis años después colaboró para que se reencontraran; esa actitud al menos lo pone en un lugar diferente con todos los otros imputados -habían dicho-. Pero también es cierto que eso lo pudo hacer cualquier día de esos 26 años y evitar un inmenso dolor, pero recién lo hizo en 2001".
La defensa de Colombo presentó a la mujer como una víctima de la violencia doméstica, física y psicológica de Gallo, y en ese contexto aseguró que esperar que ella hubiese podido hacer algo en 1977 con ese niño es pedirle un acto de heroísmo porque implicaba poner en riesgo su vida. Colombo acompañó a Francisco a Abuelas de Plaza de Mayo, luego de una situación extrema, en la que admitió que él podía ser hijo de desaparecidos. Por eso la defensa pidió la absolución o la figura de la "necesidad disculpante o exculpante" que es causa de inimputabilidad. Para los fiscales y los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, para quienes esa conducta atenuó el pedido de penas, Colombo tenía herramientas para poder actuar de modo autónomo y no redime su grado de responsabilidad por haber sustraído, ocultado y sustituido la identidad de Francisco durante años.

miércoles, 25 de abril de 2012

Cronograma de audiencias

7 de mayo
Alegato de las defensas de Eduardo Alfredo Ruffo e Inés Susana Colombo.

8 de mayo
Alegato de las defensas de Víctor Alejandro Gallo y Juan Antonio Azic.

14, 15 y 16 de mayo
Alegato de las defensas de Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Antonio Bignone y Jorge Luis Magnacco.

21, 22 y 23 de mayo
Alegato de las defensas de Santiago Omar Riveros y Antonio Vañek.

28, 29 y 30 de mayo
Alegato las defensas de Jorge Eduardo Acosta y Rubén Oscar Franco. 

“No merecen ninguna indulgencia”


“No son pobres ancianos, han envejecido impunes”, dijo el fiscal Martín Niklison al hablar sobre el dictador Jorge Rafael Videla, Ruben Oscar Franco, Reynaldo Bignone, Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros acusados.

(Fuente: Alejandra Dandan / Página 12)

“Algún desprevenido podrá apiadarse de los acusados por su ancianidad, pero no son pobres ancianos, sino que han envejecido impunes, guardando para ellos la información que ayudaría a las víctimas a encontrarse con la verdad. No merecen ninguna indulgencia. Ni en el epílogo de sus vidas se percibe en ellos un atisbo de intentar mitigar el dolor que causaron, por el contrario, reivindican sus crímenes y los ratifican con su silencio permanente.” Con esas palabras, el fiscal Martín Niklison marcó el carácter de esos ancianos represores acusados por el plan sistemático de robo de niños durante la última dictadura, en el último día de alegato. Tras analizar los dilemas sobre cómo cuantificar la magnitud de delitos de “una gravedad extraordinaria” y comparándolos con las sanciones de que dispone la nueva ley de desaparición forzada de personas, en línea con las querellas, la fiscalía federal pidió la pena máxima de 50 años de prisión para el dictador Jorge Rafael Videla, como autor mediato por veintiún apropiaciones de niños. El pedido del tope máximo de condenas de 50 años alcanzó además a Ruben Oscar Franco, Reynaldo Bignone, Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta. La fiscalía pidió además el inicio de una investigación sobre el obispo castrense Emilio Graselli, para que se indague sobre su posible complicidad o encubrimiento de los crímenes.

Durante un cuarto intermedio de la audiencia, se produjo una escena que reafirmó las palabras con las que el fiscal recordó una y otra vez el cinismo y el silencio que aún guardan los represores. Franco y Bignone se levantaron campantemente de sus sillas para acercarse a Omar Riveros. El ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo acababa de ser acusado por dos hechos: la apropiación de Pablo Casariego Tato y de Francisco Madariaga Quintela. Ahí, en medio de lo que parecía hacerlos revivir la escena de una vieja reunión de gabinete, Bignone le preguntó a Riveros: “¿Así que te acusan por dos casos?: ¡Ajá! ¡Sos un angelito!”.

Las querellas los escucharon. También lo hicieron las Abuelas. Elsa Pavón, la abuela de Paula Logares, estaba sentada entre el público, al lado de la madre de Cecilia Viñas y de Rosario Isabella Valenzi. Elsa no dijo nada. Uno de los abogados susurró lo que aquéllas no pueden decir: “A estos hombres –dijo– no les importa nada”.

La acusación

El final de los seis días de lectura de pruebas tuvo dos aspectos importantes. El primero, la necesidad de señalar lo atípico de la apropiación, cuyos efectos continúan en el presente amparados por el silencio de los represores. El segundo, más técnico pero probablemente significativo para otras causas, fue la forma que encontró la fiscalía para saltar el escollo que provoca fundamentar el pedido de penas de 50 años de prisión en la llamada y polémica ley Blumberg, comparando los casos con el corazón de la ley de 2011 de desaparición forzada de personas.

Durante la lectura del primer punto, Niklison estuvo varias veces a punto de estallar en lágrimas. “Al momento de fijar la pena también habrá que tener en cuenta que a estos hombres nunca les importó el suplicio a que sometían, y siguen sometiendo, en muchos casos, a los familiares que buscaban a esos niños y los largos años de duración de sus crímenes”, dijo. “Parece difícil encontrar muchos casos de mayor crueldad y sadismo que el de quienes sabían –saben– que había y hay mujeres buscando a sus nietos.” Que había una madre, dijo, buscando a su hijo como lo era Sara Méndez. Que había un padre en igual situación como Abel Madariaga. “Y pese a que ellos podían hacer cesar ese sufrimiento optaron por no responder a sus reclamos, por no recibirlos, por hacer silencio sobre el tema, por no decir nada.”

En la sala escuchaba un grupo de Abuelas. Niklison recordó que, “peor aún”, esas abuelas se convirtieron para ellos “en otra cara de la subversión que buscaba destruir familias cristianas sacándoles a esos niños”. Mencionó la complicidad de jueces y de los medios de comunicación, como lo hicieron las querellas, resaltando la construcción de humanidad que les dieron a los apropiadores. También dijo: “Contaron con sus abogados que se encargaban de descalificar denunciantes y obispos que hablaban de reconciliación sin exigir antes la verdad”.

Durante el juicio, recordó, se quitó la vida una joven que desde su infancia intentaba saber qué pasó con sus padres. O dónde estaba su hermano nacido en cautiverio. Y se preguntó: “¿Cómo medir el dolor de Chicha Mariani y de Estela de Carlotto que hace más de treinta años buscan a sus nietos? ¿Y el de Licha de la Cuadra, primera presidenta de Abuelas, que murió antes de encontrar a su nieta Ana Libertad? ¿Cómo ponerse en el lugar de Clara Petrakos y comprender algo de su sufrimiento tras 35 años de no saber qué pasó con sus padres y su hermana?”. Y dijo: “También resulta imposible ponerse en el lugar de los imputados para comprender qué los llevó a cometer semejantes crímenes, qué los hace mantenerse incólumes en su discurso y en la negación de lo sucedido, específicamente con estos niños”. Detrás de las palabras del fiscal aparecía una réplica a las supuestas confesiones que Videla viene haciendo a la prensa sin decir nada de los niños.

Cada una de esas invocaciones fundamentaron el segundo aspecto: el pedido extraordinario de 50 años de prisión para los cerebros del plan. En términos técnicos, el número está habilitado desde 2004 por la sanción de la ley Blumberg y puede usarse en estos casos porque el delito de la apropiación no termina de cometerse hasta que los niños recuperan la identidad. Como algunos de los 34 niños que integran el juicio recuperaron su identidad después de 2004 –es decir después de la sanción de la ley– y otros aún no la recuperaron, la figura está habilitada. En eso se basaron las querellas para pedir 50 años para Videla. En este caso, la fiscalía agregó además a otros represores. Para no basarse exclusivamente en una ley controvertida, evocó para dar “un buen indicio de la gravedad de estos delitos en el ámbito nacional” la ley 26.679, que tipifica la desaparición forzada de mujeres embarazadas y expresamente de personas nacidas durante la desaparición forzada de la madre e impone penas de prisión perpetua. “No se pretende la aplicación de esa ley –aclaró el fiscal–, sino sólo ejemplificar sobre la gravedad con la que en la actualidad los poderes del Estado consideran estos delitos. Así como existen los delitos de bagatela, existen estos delitos que hacen estallar los máximos penales: una sola desaparición es tan grave como para imponer una pena máxima.”

En concreto, los cargos dividieron a los acusados en dos grupos: Videla, Riveros, Vañek, Franco y Bignone fueron acusados como coautores mediatos, por ocupar los escalones superiores “desde donde emanaron las órdenes”, todos “eran altos jerarcas del sistema represivo”, hombres que estaban por atrás o arriba de los autores directos: “Asignaron personal destinado al equipamiento y aseguraron un sistema criminal para que nadie perturbara a los apropiadores”, fueron indicando las fiscales ad hoc Nuria Piñol y Viviana Sánchez. A Videla se lo acusó por 21 hechos; a Riveros le pidieron 30 años por dos casos; a Franco y Bignone se los acusó por 31 hechos, en otro de los giros del alegato: sus responsabilidades son por el “Documento Final” de la Junta que declaró la muerte de los desaparecidos y por ende la muerte de los niños. Y que prohibía además toda investigación. A Bignone le pesa además la ley de autoanmistía. A Vañek lo imputaron por sustracción, retención y ocultamiento de diez hechos.

Acosta, el prefecto Juan Antonio Azic, el médico Jorge Luis Magnacco, Eduardo Ruffo, Víctor Alejandro Gallo y Susana Colombo fueron descriptos como autores directos. A Acosta se le imputaron once hechos, entre ellos el de Victoria Donda y Juan Cabandié. Para Magnacco pidieron 19 años de prisión por el caso de Cecilia Viñas. Y a Azic, Gallo y Colombo se los acusó además como apropiadores directos porque “mantuvieron la mentira día a día haciéndoles creer a los jóvenes apropiados que eran sus padres”. Para Azic y Gallo, 25 años, y para Colombo, 14 años de prisión.

Un párrafo aparte merece Ruffo. Llegó a este juicio acusado por participar del secuestro y apropiación del hijo de Sara Méndez. Está acusado y condenado por otra apropiación; se le abrió una causa por abusos a esa niña y tiene condenas por delitos comunes. Veintiséis años después del secuestro del hijo de Sara Méndez aportó datos para ubicarlo a él y a Macarena Gelman. Los fiscales ponderaron esa situación como un atenuante y bajaron la pena máxima de 19 años para este caso a 17 años de prisión: “Esa actitud lo pone en un lugar diferente de los otros imputados. Pero también es cierto que eso lo pudo hacer cualquier día de esos 26 años y evitar un inmenso dolor, pero recién lo hizo en 2001”.

martes, 24 de abril de 2012

La fiscalía pidió 50 años para Videla, Vañek, Franco, Bignone y Acosta, y penas de 14 a 30 años para los demás acusados


El fiscal Martín Niklison pidió al Tribunal Oral Federal Nº 6 penas de 50 años de prisión para los genocidas Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, Jorge “El Tigre” Acosta, Antonio Vañek y Rubén Franco; 30 años para Santiago Omar Riveros; 25 años para Azic  y Víctor Gallo; 19 para Jorge Luis Magnacco; 17 años para Eduardo Ruffo y 14 para Susana Colombo.

Las audiencias continuarán con el siguiente cronograma tentativo:
7 de mayo
Defensas de Eduardo Ruffo y Susana Colombo

8 de mayo
Defensas de Víctor Gallo y Juan Antonio Azic

14, 15 y 16 de mayo
Defensas Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone y Jorge Luis Magnacco

21 de mayo
Defensa de Jorge Acosta

viernes, 13 de abril de 2012

Cronograma de audiencias

Lunes 16 de abril 
9.30 Alegato de la fiscalía a cargo de Martín Niklison

Martes 17 de abril
9.30 Alegato de la fiscalía a cargo de Martín Niklison

Miércoles 18 de abril
9.30 Alegato de la fiscalía a cargo de Martín Niklison

“Eran recluidas y obligadas a dar a luz”


El fiscal Martín Niklison reconstruyó, a partir de los testimonios recabados, los 35 casos del juicio y se concentró en los niños nacidos en la Comisaría V de La Plata y en el Pozo de Banfield, donde “se montó una verdadera maternidad clandestina”, dijo.

(Fuente: Alejandra Dandan - Página/12)

El modo “curioso y significativo” con el que el Poder Judicial rechazó u omitió los trámites de quienes buscaron a las embarazadas durante la dictadura. Las gestiones ante obispos y curas que hoy, más de 36 años después, hicieron que una de las fiscales del juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés todavía se pregunte: “¿Qué tipo de gestiones realizaba la Iglesia, ante cuál de las autoridades de facto y qué respuestas obtenían?”. O el rol de un Estado, que “tenía la obligación de suministrar información”, pero no lo hizo. Estos fueron algunos de los subrayados que hizo la Fiscalía Federal a cargo de Martín Niklison, en el segundo día de sus alegatos. Durante la reconstrucción de los casos y (ayer) del funcionamiento de la maternidad clandestina del Pozo de Banfield, la Fiscalía asumió la acusación de los crímenes del Estado terrorista de la dictadura. Retomó, en ese contexto, las últimas palabras con que los niños apropiados, hoy adultos, les hablaron a los jueces, sumándose a los reclamos que hicieron ellos. Y nombró a cada una de las víctimas desde sus identidades políticas.

El Servicio Penitenciario Federal trasladó a todos los acusados a los tribunales de Comodoro Py, pero recibió un reto de la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 6, María del Carmen Roqueta. Los problemas en los traslados provocaron que el martes el Tigre Jorge Acosta quedara en Comodoro Py hasta las once de la noche. O que el dictador Jorge Rafael Videla llegara a Campo de Mayo pasada la una de la mañana. Ayer estuvo sentado siempre en una esquina, al lado de Reynaldo Bignone, como si buscaran seguir manteniendo distancia. Ninguna cámara mostró la cara de Videla cada vez que la Fiscalía volvía a nombrarlo, como cuando le dijeron que no habla y, cuando lo hace, “decide hablar en una entrevista en la que reivindica su accionar como jefe de la dictadura”.

La Fiscalía avanzó con el rearmado de los 35 casos del juicio, a partir de los aportes dispersos de cada testigo. Concentró el alegato en dos puntos del Circuito Camps: los niños nacidos en la Comisaría V de La Plata y en el Pozo de Banfield, entendido ahora como la maternidad clandestina de ese circuito, y una de las tres que se investigan en el proceso.

“En el Pozo de Banfield, además de haberse alojado a cientos de detenidos-desaparecidos –dijo Niklison–, se montó una verdadera maternidad clandestina donde las madres eran recluidas hasta el término de su embarazo y obligadas a dar a luz. Luego del alumbramiento, el destino de los recién nacidos y de sus madres estaba sellado: los niños eran apropiados por fuerzas de la represión o familias allegadas, y sus madres, en cambio, integrarían la lista de desaparecidos.”

Las embarazadas parían en la “enfermería”: sus embarazos sucedían en el encierro, tabicadas y vendadas como los demás, y en condiciones de desnudez casi total en algunos casos, dijeron. En contadas ocasiones, las futuras madres fueron provistas de algún medicamento o alimento distinto, aunque cuando se “acercaba la fecha del alumbramiento generalmente eran puestas al cuidado de alguno de sus compañeros, había controles médicos y los partos eran usualmente atendidos por el médico policial Jorge Antonio Bergés”.

Esas “señales claras” demuestran “el interés de los represores de mantener la gestación de los hijos de las desaparecidas”. Un dato que reforzaron poco más tarde al describir cómo, tras el parto, esos mismos cuidados se desvanecían. “Otra constante del Pozo de Banfield –dijo el fiscal– fue que, luego de tener a sus hijos, las madres eran libradas a su suerte, teniendo que lidiar por sí solas con los dolores postparto y las infecciones que se les generaban por la acumulación de leche. Ya nadie iba a controlar su estado de salud ni se interesaba por ellas. Sólo se las volvía a buscar, a fin de ser trasladadas. Esto demostraba que el interés de la organización represiva por el estado de estas mujeres desaparecía luego del nacimiento de los niños.”

Niklison y las fiscales ad hoc Nuria Piñol, María Saavedra y Viviana Sánchez lograron explicar por qué muchos de los niños que nacieron en el Pozo de Banfield eran hijos de parejas uruguayas, secuestradas en Argentina. Para eso, reconstruyeron la historia del Pozo, la relación con el Plan Cóndor, la conexión con el Pozo de Quilmes y la Brigada de San Justo y explicaron cómo luego de la caída de un militante montonero con documentos uruguayos empezó a caer ahí el último grupo de uruguayos.

Hubo un apartado para Adriana Calvo, casi a modo de homenaje, pero que permitió a la vez plantear su caso como “una excepción”. Muerta el año pasado, su nombre se repitió innumerables veces en las audiencias no sólo porque dio a luz en un patrullero, secuestrada, y salió viva con su hija, sino porque mientras estuvo cautiva asistió a las embarazadas, hizo las primeras sistematizaciones de los partos y ayudó a los familiares de los desaparecidos a encontrarse con los niños robados o les acercó datos y relatos de su gente. “Lamentamos enormemente que no haya podido relatarnos en esta sala el calvario que vivió y el crudo nacimiento de su hija Teresa en un patrullero de la policía”, dijo Niklison. “Si bien ella no pudo darnos presencialmente su testimonio, su declaración ante la Cámara Federal en 1984 ha sido proyectada innumerables veces y quedará grabada para siempre en nuestras memorias. Su testimonio pone en voz presente el horror que sufrieron las madres desaparecidas que nunca pudieron relatar el nacimiento de sus hijos.”

Adriana, que parió mientras la llevaban de la Comisaría V al Pozo de Banfield, donde Bergés le sacó el tabique de los ojos y “bruscamente” le quitó la placenta y la obligó a limpiar el lugar frente al oficial de guardia y a otros carceleros que se reían, fue una “circunstancia excepcional, única en el Pozo de Banfield”: la organización represiva postergó su liberación ya decidida por la atención que les demandó el caso de los Graiver.

Más tarde, el fiscal Niklison volvió a hablarle a Videla. Hablaba de las fichas que elaboró el Ejército con los desaparecidos, un dato evidente a partir de legajos incorporados al expediente sobre las víctimas de La Noche de los Lápices. “Estas fichas demuestran cabalmente el riguroso control de información que el Ejército llevaba de los operativos –dijo el fiscal–. Nos preguntamos dónde estarán las fichas con la información de las embarazadas que parieron o pasaron por ese centro clandestino. Nos gustaría que el ex comandante en jefe del Ejército aquí presente nos lo diga.”

“No se trató de conductas ocasionales”


El fiscal Martín Niklison sostuvo que hay pruebas suficientes para sostener que el robo de bebés respondió a “órdenes emanadas de las máximas autoridades militares” y que “se insertó en el plan sistemático de represión ilegal”.

(Fuente: Página/12) 

Los testimonios y otros elementos recabados durante más de un año en las audiencias realizadas en los tribunales de Comodoro Py aportaron pruebas suficientes para concluir que el robo de bebés y niños, hijos de mujeres y hombres detenidos clandestinamente y en su mayoría desaparecidos, no fueron acciones aisladas durante la dictadura sino, por el contrario, un crimen que respondió a “órdenes emanadas de las máximas autoridades militares” y que “se insertaban en el plan sistemático general de represión ilegal”. Así lo considera la fiscalía que, bajo la representación de Martín Niklison, Félix Crous y la adjunta María Saavedra, actúa en el juicio que evalúa la responsabilidad de una decena de militares, entre ellos los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, en la sustracción, retención y ocultamiento de 34 niños y en la sustitución de sus identidades. Ayer, el fiscal Niklison comenzó a exponer su alegato en el que, además de definir los crímenes como partes de la táctica y la estrategia del terrorismo de Estado, advirtió sobre su vigencia actual, a más de tres décadas de su aplicación. “Hay duelos que nunca se pudieron realizar como consecuencia de la metodología represiva de la dictadura. El horror de esos años no pertenece aún al pasado”, introduce la posición fiscal.

Niklison dibujó claramente el marco en el que se desarrollará el alegato de la fiscalía, durante las próximas seis audiencias. “Ha quedado demostrado con total certeza de que no se trató de conductas ocasionales y que en distintos lugares existieron estructuras montadas para llevar a cabo la sustracción de los menores”, mencionó, ante los rostros de los acusados y la mayoría de las querellas que participan del proceso, iniciado en febrero de 2011 ante el TOF 6.

La certeza de la fiscalía se apoya sobre varios ejes. De por sí, fueron contundentes las declaraciones que citaron de boca de represores como Ramón Camps o el propio Videla, quienes reconocieron la sustracción de bebés a hombres o mujeres “de la subversión”. Para los fiscales, la cantidad de hechos juzgados, sumados a los que figuran en otras causas penales y los que ya recibieron condena; el número de “lugares en donde se produjeron las apropiaciones” y el traslado hacia allí de mujeres embarazadas desde donde estaban secuestradas clandestinamente aportaron a la demostración de su hipótesis.

“Si en Argentina tenemos cientos de casos (de apropiaciones) y en las dictaduras de países vecinos no hubo ninguno, es porque aquí se tomó una decisión diferente”, señaló Niklison. Respecto de los escenarios, subrayó que “no se trató de un par de comisarías o de un cuartel. Tampoco se limitó a instalaciones de una fuerza, sino que hubo maternidades en dependencias de la Policía Bonaerense, del Ejército y de la Armada”.

Por último, mencionó que “es impensable que en la Argentina de esos años se pudiera trasladar a una mujer embarazada desde Mar del Plata o desde Morón hasta la ESMA para que tuviera su hijo, luego se hiciera desaparecer a esa mujer y su bebé se le entregara a otra persona y que ello no respondiera a un plan perfectamente orquestado desde los máximos niveles”. La connivencia de representantes de la Iglesia en el secuestro de bebés –hecho probado en el caso de la nieta de Chicha Mariani–, así como de miembros del Poder Judicial –el caso de la jueza Marta Pons– y la participación de personal médico completan el tablero de indicios que apuntan a probar la sistematicidad de los crímenes: “Hemos visto personas que todavía no saben dónde están ni qué pasó con sus seres queridos, otras que han recuperado su identidad hace muy poco y que, por lo tanto, todavía tienen muy fresca y con dolor la herida abierta hace más de treinta años por quienes están siendo aquí juzgados”.

“Chicha” Mariani también pidió la pena máxima para el dictador Videla


Reclamó 50 años de reclusión en cárcel común. La querella dio por probado que Videla ordenó la apropiación de menores

(Fuente: Gerardo Aranguren / Tiempo Argentino)

La querella de María Isabel Chorobik de Mariani reclamó ayer 50 años de prisión en una cárcel común para el ex dictador Jorge Rafael Videla como el máximo responsable del Plan Sistemático de robo de bebés. La última querella en exponer fue la que representa al poeta Juan Gelman, que reclamó 21 años de prisión para Reynaldo Bignone y Rubén Franco por la apropiación de su nieta Macarena, y dio lugar para que hoy alegue la fiscalía.
Los abogados de la Asociación Anahí concluyeron ayer al mediodía su alegato luego de tres jornadas en la que acusaron a Videla por 20 de los 35 casos de apropiación que forman parte del proceso. Para la querella de “Chicha” Mariani, el ex dictador debería ser condenado como autor de genocidio pero aclararon que si el Tribunal Oral Federal 6 no lo permite “se lo condenará como autor se sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años y de la supresión del estado civil, en 19 oportunidades, y como partícipe necesario en el caso de Macarena Gelman”, leyó el equipo de la Asociación Anahí.
Al especificar la pena, al igual que Abuelas y Alcira Ríos, reclamaron 50 años de prisión, la máxima pena establecida en el artículo 55 del Código Penal a partir de la reforma impulsada por Juan Carlos Blumberg en 2004. “Para aquellos que trabajamos día a día por la irrestricta defensa de los Derechos Humanos, la reforma del artículo 55 nos resulta un tanto incómoda, pero, por un lado resulta ser la ley vigente y en segundo lugar, que si en algún supuesto fáctico se justifica aquella escala punitiva sólo puede ser para casos de genocidio como aquí se ventilan”, argumentaron.
La querella consideró probado que Videla dio las órdenes “para que se llevaran adelante las sustracciones y ocultaciones de los hijos nacidos o por nacer de lo que consideraban el enemigo político, como así también el cambio de identidad para que sus familias no los pudieran encontrar”. 
Explicaron además que la apropiación de niños adquirió las características de un campo de concentración. “Al igual que los secuestrados, quienes fueron apropiados fueron despojados de su nombre, sus familias, su historia e ingresaron en lo que fue la continuación de los Centros Clandestinos de Detención: el hogar de los apropiadores. La única huella que conservaron de aquella herencia e historia fue su cuerpo y su sangre, que señaló en cada momento de sus vidas, la fractura que existía en el discurso de los apropiadores.”
Al finalizar la acusación, agradecieron a Abuelas y Madres por ser un “ejemplo de valentía y amor”, y leyeron unas palabras de Chicha Mariani, quien no pudo estar presente. “En este juicio ha quedado comprobada la existencia de la crueldad inhumana llevada a cabo con uniformes azules, verdes, blancos, pardos y también con negras sotanas. Toda está exhaustivamente comprobado, una y mil veces, por lo tanto, señores jueces, esperamos que la justicia aplique al fin la justicia tan dolorosamente esperada durante 36 años”, reclamó.
Por la tarde, las abogadas Lucía Gómez Fernández y Valentina Besana alegaron en representación del poeta Juan Gelman. Por cuestiones formales, la querella sólo pudo acusar a los integrantes de la última Junta Militar Bignone y Franco, por quienes pidieron 21 años de prisión como coautores mediatos de la apropiación de Macarena Gelman.


jueves, 29 de marzo de 2012

La querella de Abuelas pidió penas de entre 15 y 50 años en el juicio por Plan Sistemático de Apropiación de Menores



 
Abuelas de Plaza de Mayo informa que la querella de la Asociación pidió las siguientes penas en la causa por el Plan Sistemático de Apropiación de Menores: 50 años de prisión para Jorge Rafael Videla, 25 para Juan Antonio Azic y Víctor Gallo, 19 años para Santiago Omar Riveros, y 15 años para Reynaldo Benito Bignone, Susana Inés Colombo y Rubén Franco. Además, los abogados requirieron al Tribunal Oral Federal Número 6 que Videla sea trasladado a otra unidad penitenciaria, ya que en Campo de Mayo goza de una situación de privilegio, y remarcaron que su detención allí es una afrenta a las víctimas, dado que allí funcionó un centro clandestino de detención y hubo partos.
            El juicio por 35 casos de robo de niños durante la última dictadura está llegando a su fin. Al cierre de la tercera y última jornada de alegatos de la querella de Abuelas, la presidenta de la institución, Estela de Carlotto, dirigió unas palabras al Tribunal: “Señores jueces: En nombre de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de Derechos Humanos hermanos, de los 30 mil detenidos desaparecidos y de la mayoría del pueblo argentino manifiesto que sin que nos muevan sentimientos de odio, venganza o revancha brindamos por arribar a la inclaudicable justicia que, sin dudas, consolidará la democracia y asegurará el Nunca Más”. 

lunes, 26 de marzo de 2012

Las pruebas del robo de bebés


El alegato de las Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio por el robo de bebés, que comenzará a escucharse el lunes, mostrará la evidencia reunida en la búsqueda de los nietos secuestrados. Aquí, parte de la prueba.
(Fuente: Victoria Ginzberg y Alejandra Dandan - Página 12)
Victoria Montenegro, Catalina de Sanctis Ovando, Francisco Madariaga, Macarena Gelman, Simón Riquelo, Alejandro Pedro Sandoval, Leonardo Fosatti, Juan Cabandié, Claudia Poblete, los hermanos Antole Boris y Victoria Eva Julien Grisonas y los otros 95 niños secuestrados durante la última dictadura que recuperaron su identidad son la prueba más firme y palpable del plan de apropiación de niños. Pero los análisis de ADN, sus historias (en lo que se pudo) reparadas no son lo único que demuestra la existencia de aquella práctica que hicieron sistemática y perfeccionaron los ejecutores del terrorismo de Estado. Hay documentos, papeles que dejó la burocracia, memos secretos y cartas familiares. Y hay palabras, testimonios de sobrevivientes y confesiones de represores ante jueces y de apropiadores ante los niños que pretendían aliados. Esta evidencia recolectada durante años de investigación fue analizada en el juicio contra ocho represores que entrará esta semana en su etapa final. Luego de las marchas con las que organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, estudiantiles y sociales repudiarán hoy el golpe militar del 24 de marzo de 1976, el lunes, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo comenzarán su alegato y darán cuenta de todos estos hechos, que permitirán sostener la acusación contra Jorge Rafael Videla, Reinaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Jorge Acosta, Antonio Vañek, Jorge Azic, Rubén Franco y el médico Jorge Luis Magnacco.
Palabras
Hay numerosas declaraciones judiciales en las que testigos o imputados mencionan la existencia de órdenes provenientes desde la cúpula militar para apropiarse de los hijos de desaparecidos. Todas coinciden en que había un objetivo definido: que los niños se criaran en hogares "occidentales y cristianos". Los testimonios del médico militar Julio César Caserotto, el fundador del CELS Emilio Mignone, la sobreviviente Lila Pastoriza y Jorge Eduardo Noguer, un ex marino cuya hija y nieta fueron secuestradas, son solo algunos ejemplos.
- "En el Hospital Militar de Campo de Mayo, sector de maternidad, durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional existieron órdenes verbales y escritas por la superioridad para que en el lugar se asistiera a las parturientas traídas por personal de Inteligencia. Las órdenes escritas estaban tituladas ‘Plan de Operaciones Normales para con el Personal de Inteligencia’, y estaban firmadas por el director del hospital" (Ramón Posse), reveló en 1998 el médico militar Julio César Caserotto, que se desempeñó entre 1977 y 1983 como jefe del servicio de obstetricia del Hospital Militar de Campo de Mayo. Cuando se le preguntó por el destino de esas mujeres y de los niños, respondió que se dirigía "al despacho del director del hospital y le mencionaba que la paciente estaba en condiciones de recibir el alta" y él se desligaba de la cuestión, pero que al otro día ni la parturienta ni el recién nacido estaban en el lugar. En otra declaración, Caserotto recordó puntualmente cuando se le transmitieron esas órdenes. Dijo que "un día por la mañana, cuando se disponía a tomar el servicio, lo encontró muy alborotado. Que divisó una mujer que se encontraba internada en la sala general ya puérpera, siendo vigilada por un soldado armado. Que dicha situación alteraba el orden normal de la sala, ya que se encontraban internadas otras mujeres". Recordó que luego, en una reunión, Posse le indicó: ‘A partir de ahora se internan todas las detenidas embarazadas en Epidemiología’, así le evitaban inconvenientes, y que no debían registrar el ingreso de estas mujeres ni de los nacimientos. Allí estaba presente también el capitán Norberto Bianco, médico militar que se encargaba de las embarazadas secuestradas en distintos centros clandestinos y que se apropió del hijo de Norma Tato y Jorge Casariego, quienes en 1977 estuvieron secuestrados en El Campito y permanecen desaparecidos.
- El fundador del CELS, Emilio Mignone, recordó en una causa judicial en 1998 que, en 1978, junto con Augusto Conte fueron a ver a Mario Amadeo para reprocharle que hubiese aceptado la designación como experto en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas con aval de Videla. Le pidieron que se interiorizara sobre la situación de la desaparición de personas y que recibiera a las Abuelas de Plaza de Mayo. Esa reunión se concretó y luego de escuchar a las mujeres que denunciaban la desaparición de sus hijas embarazadas y el secuestro de sus nietos, Amadeo se entrevistó con el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, el coronel auditor Carlos Cerdá, y le planteó la cuestión referida a los menores, ante lo cual Cerdá respondió que "se ha aprobado a nivel de la Junta Militar una doctrina mediante la cual los hijos de los subversivos no deben ser educados con odio hacia las instituciones militares" y que "por ello se entregaban los chicos en adopción".
- Jorge Eduardo Noguer fue miembro de la Armada entre 1947 hasta 1967, cuando se retiró como teniente de fragata. El 3 de junio de 1976 desaparecieron su hija María Fernanda Noguer y su nieta Lucía Villagra, en Acassuso. Su hermano, el coronel José María Noguer, era intendente de San Isidro y había sido compañero de promoción de Riveros, quien era comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo. En consecuencia, Jorge Noguer se entrevistó con él para tratar de localizar a su hija y a su nieta. Riveros designó a Hermann Tetzlaff (apropiador de Victoria Montenegro) para que lo ayudara a reconstruir el operativo en que se las habían llevado. Noguer recordó que Tetzlaff era el representante de la Escuela de Comunicaciones en el grupo de Inteligencia, jefe de la zona de San Isidro, Boulogne y Tigre y que trabajaba en forma conjunta con el Batallón de Inteligencia de Campo de Mayo. Noguer aseguró que Tetzlaff y su mujer, María del Carmen Eduartes, le contaron varias veces que no podían tener hijos. Incluso, dijo que en una ocasión, en junio o julio del ’76, el represor lo pasó a buscar por su domicilio y lo llevó "a una vivienda ubicada en la calle Thames o Dardo Rocha, a media cuadra de la Panamericana, en la que la noche anterior se había efectuado un procedimiento del Ejército, donde le dijo ‘la habíamos reventado, la habíamos reventado y donde murieron los guerrilleros padres’, ‘cuando entramos nos encontramos con dos chicos con los ojos gigantes, abiertos y me quedé con uno’". El ex marino, que seguía buscando a su hija y a su nieta, quedó impresionado por la crueldad del relato. Pocos días después de ese episodio, un sábado por la tarde, apareció Tetzlaff en su casa, acompañado por su esposa Eduartes, con una niña que Tetzlaff presentó como su hija, una niñera y la suegra. Noguer decidió ir a ver a Riveros para preguntarle si no cabía la posibilidad de que su nieta hubiera sido entregada a otro matrimonio como el de Tetzlaff y Eduartes. Riveros le dijo que con su nieta no había pasado eso, pero le indició que "ésas eran normas para evitar que los hijos de zurdos caigan si no en hogares bien constituidos ideológicamente con el fin de enderezarlos". Noguer, finalmente, hizo contacto con Videla, quien lo derivó al ministro del Interior Albano Harguindeguy, quien por medio de una lista le ratificó la desaparición de su hija y su nieta y le dijo que estaban en manos del jefe de la Armada, Emilio Eduardo Massera. En enero de 1977 recuperó a su nieta. Su hija, María Fernanda Noguer, continúa desaparecida.
- Los testimonios de los sobrevivientes, en este caso en su mayoría mujeres secuestradas que acompañaban en la celda a sus compañeras embarazadas y que hasta las asistieron en sus partos, son también fundamentales evidencias de este plan. Sara Solarz de Osatinsky, quien estuvo cautiva en la ESMA, declaró que "durante mucho tiempo, venían a visitar la pieza de las embarazadas altos jefes de la Marina, entre otros Vañek, y venía Chamorro y venía también Vildoza. Estoy casi segura de que fue por esas fechas, pero eran permanentes las visitas para contar lo que era ‘la maternidad’, a la que llamaban ‘la pequeña Sardá’". La Esma contó con un staff de médicos y enfermeros que tenían como función controlar el estado de los secuestrados para garantizar una mayor cantidad de tiempo de tortura e interrogatorios. Y, además, hacían controles ginecológicos y atendían partos clandestinos. La "justificación" para robarse a los niños era la misma en la Armada que en el Ejército. Lila Pastoriza narró: "Me encontré con una chica que me dijo que tenía los pechos destrozados, le pregunté a (Luis) D’Imperio (alias Abdala, a cargo del Servicio de Inteligencia Naval, grupo de tareas que operaba en la ESMA) y me dijo: ‘Nosotros consideramos que los chicos no tienen la culpa de tener los padres que tienen, los subversivos, estos terroristas’" (...) "creemos que las madres deben tener sus partos, pero a los chicos los entregamos a otras familias que puedan educarlos de otra manera’".
Un legajo esclarecedor
El nieto Alejandro Sandoval Fontana contó que Alicia Beatriz Arteach, su apropiadora, le dijo que un oficial de la Gendarmería de apellido Correa era quien lo había entregado y que les había dado a ella y a Víctor Rei (ex comandante de Gendarmería) la posibilidad de elegir entre él y una niña recién nacida. Alejandro contó que cuando preguntó por Correa, Arteach le respondió que se había vuelto alcohólico, que lo degradaban porque se vivía peleando y que no había quedado bien por lo que había pasado en Campo de Mayo.
Correa es el comandante principal de la Gendarmería Darío Alberto Correa y estaba a cargo de las embarazadas secuestradas en la prisión militar de encausados Campo de Mayo, que si bien se encontraba dentro de la guarnición mencionada, dependía del Cuerpo Primero del Ejército, con asiento en Palermo. El legajo personal de Correa, ya fallecido, aporta interesante documentación: él mismo relató en una actuación administrativa del año 1987 su participación en la represión. En una historia clínica que aparece bajo el título "Actividades cumplidas en el medio castrense", fechada en Catamarca el 29 de julio de 1987, Correa admitió, entre otras cosas, que tuvo a su cargo la "atención de parturientas detenidas, sus hijos y posterior entrega de los mismos a personas seleccionadas por las autoridades responsables incluyendo el posterior traslado de las madres a lugares secretos para su entrega a los responsables de su eliminación final".
El caso de Correa, explicarán durante el alegato los abogados de las Abuelas de Plaza de Mayo, prueba la existencia de aceitados mecanismos para la apropiación de los hijos de las mujeres desaparecidas. En primer lugar, queda clara la coordinación entre distintas zonas dentro del Ejército. También prueba la existencia de un procedimiento complejo manejado desde la jerarquía con distintas cadenas de mando y roles definidos, donde las personas que recibirían (se apropiarían) a los niños eran seleccionadas previamente por autoridades responsables. Y, finalmente, prueba que existía un procedimiento establecido para asesinar a las madres.
Papeles
Otro documento que da cuenta del plan para apropiarse de los hijos de desaparecidos es el memorandum redactado en 1982 por Elliot Abrams, funcionario del Departamento de Estado de EE.UU., luego de entrevistarse con el embajador argentino en Washington, Lucio García del Solar. El papel fue desclasificado por el gobierno de Estados Unidos en 2002 y publicado por Página/12.
En dicho escrito, Abrams contó: "Le pregunté al embajador el tema de los niños nacidos de prisioneras o los arrancados de sus familias durante la guerra sucia. Si bien los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y en un sentido esto era el problema humanitario más grave. El embajador acordaba en un todo y ya le había mencionado este punto a su ministro de Relaciones Exteriores y al presidente. No habían rechazado su punto de vista, pero señalaron el problema de, por ejemplo, sacarles los niños a los padres adoptivos". Este memorándum lleva fecha del 3 de diciembre de 1982, cuando ejercía la presidencia de facto Reinaldo Benito Bignone.
El documento refleja el pleno conocimiento de Bignone de la apropiación de niños, pero, más aún, señalan los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, deja ver que el dictador conocía el destino de esos niños. Abrams fue convocado a declarar en el juicio oral como testigo, trámite que realizó a través de una videoconferencia. En esa oportunidad dijo: "Pensábamos que era un plan porque había mucha gente que encarcelaban o asesinaban y nos parecía que el gobierno militar había decidido que algunos (niños) se entreguen a otras familias" y aclaró que ésta no era su opinión personal, sino del gobierno de Estados Unidos.
Gente bien
Con las declaraciones de algunos jóvenes que recuperaron su identidad, se reforzó la idea de que el objetivo de que los niños fueran entregados a familiares que cumplieran ciertos requisitos se llevó a cabo y de que, para eso, existieron ciertos mecanismos burocráticos, más o menos formales según los casos.
La apropiadora de Alejadro Sandoval Fontana le contó que a ella y a Rei los citaron "en el Regimiento de Patricios, el Maldonadito, y le hicieron un ambiental". Les dijeron que quien se quedara con el niño "tenía que ser de la fuerza o amigo de la fuerza, tenías que tener casa propia, ser católico".
Esto coincide con la información que obtuvo Catalina De Sanctis Ovando, que pudo reconstruir parte del proceso de su sustracción a partir de una carta que encontró en el domicilio de sus apropiadores (y que luego fue secuestrada en un allanamiento) y de lo que ellos mismos -Carlos Hidalgo Garzón y Francisca Morillo- le dijeron.
La carta fue enviada por Morillo a Hidalgo Garzón, oficial de Inteligencia del Ejército, a su destino militar en Tucumán y está fechada el 7 de abril de 1977. En la carta, Morillo le informa a Hidalgo Garzón: "Del Liceo hablé con el Coronel y me dijo que parece que se hace el llamado nomás, me dijo que fuera por Liceo luego de Semana Santa para ya llenar la solicitud: me atendió muy amable y se recordó en seguida, se ve que tiene presente el caso, veremos qué pasa" (...) "Vino la asistente de movimiento, quedó encantada con el departamento. Conversamos mucho, y me explicó que ella hace 7 años que trabaja en el movimiento y nunca vio que entregaran niños con problemas de salud o malformaciones, que son muy sanitos y que a ella le llamaba la atención lo normal que son los partos. Luego te contaré en detalle la conversación."
El "Movimiento" al que se refiere en la carta es el Movimiento Familiar Cristiano, que intervino en algunos casos como intermediario entre las Fuerzas Armadas y familias apropiadoras. En una charla con el marido de Catalina, Hidalgo Garzón confesó haber visto a la mamá de Catalina detenida en Campo de Mayo y haber llamado al día siguiente de la sustracción para preguntar si habían "volado el paquete", en referencia al asesinato de Miryam Ovando al arrojarla al mar en los denominados "vuelos de a muerte". La apropiadora argumentó, además, que ellos querían "adoptar" a la niña, pero que "un superior les ordenó que la tenían que inscribir como hija propia".
"Estos hechos -dirán los abogados de Abuelas- nos permiten concluir que existieron mecanismos burocráticos precisos para la entrega de los bebés a sus apropiadores, en los que se cumplían requisitos también precisos, en los que intervenían distintas instituciones además de las militares, como el Movimiento Familiar Cristiano, también religiosos, y en el que había control jerárquico dentro de la misma estructura militar."
"Si bien es claro que la dictadura desarrolló su actividad de represión y exterminio en la más absoluta clandestinidad -y la apropiación de niños no fue la excepción- y que procuró su impunidad instando a la destrucción de los más diversos registros y evidencias, alcanzando tanto la destrucción de documentos como de espacios físicos (tal es el caso de el CCD El Campito, en Campo de Mayo), así y todo, han quedado muchos rastros de la política que la dictadura definió respecto de los niños", se escuchará durante el alegato preparado por los abogados María Inés Bedia, Florencia Sotelo, Colleen Torre, Germán Kexel, Emanuel Lovelli, Agustín Chit, Mariano Gaitán, Luciano Hazan y Alan Iud.
No será por lo tanto posible encontrar un papel escrito por los represores con los detalles del plan de apropiación de niños. Pero estos 35 años de búsqueda de nietos han permitido recolectar pruebas más que suficientes que establecen que las apropiaciones de niños no fueron "excesos" o casos aislados, como argumentaban las cúpulas militares cuando se encontraban ante la inapelable evidencia de un análisis genético positivo.
"Quien se pregunte si la dictadura militar tuvo por objetivo satisfacer los deseos egoístas de paternidad de algunos oficiales, suboficiales o familias vinculados con aquéllos estará errando el punto de partida -explican los abogados de Abuelas-. El objetivo de la dictadura fue erradicar las posibilidades de construcción de un país distinto, donde el pueblo fuera el protagonista de las decisiones políticas y decidiera soberanamente su destino, y para ello persiguió con los más perversos y crueles métodos a los militantes políticos, sindicales, estudiantiles, que impulsaban la politización de la sociedad y buscaban modificar el statu quo. Fue en la ejecución de esa infame tarea que las Fuerzas Armadas abordaron el ‘problema’ de los hijos de aquellos a quienes desaparecían. Y, muy tempranamente, tomaron la decisión de que esos niños no fueran devueltos a sus familias."
La voz de los nietos
Los grandes protagonistas del juicio por el plan sistemático de robo de bebés fueron aquellos niños, hoy jóvenes, que contaron ante el tribunal sus historias en primera persona.
- Leonardo Fossati: "Cuando conocí toda esta historia mi hijo ya tenía ocho años y nos tocó a los dos transitar por este camino, que fue muy duro. Yo busqué mi historia, yo me acerqué a las Abuelas con dudas y yo tenía expectativas en poder encontrar la verdad, más allá de que uno nunca está preparado para enterarse de que sus padres están desaparecidos y que fueron torturados, yo era consciente de que me podía encontrar con eso, pero en el caso de mi hijo de ocho años... fue una situación muy dura, mientras fue pasando el tiempo le pude contar por qué nos tocaba recién a esta altura de la vida conocer a nuestra verdadera familia".
- Victoria Julien Grisonas: "A mi modo de ver, la realidad se construye no sólo de imágenes, sino de sensaciones, de cosas. Tengo sensaciones de ruido fuerte, cierto tipo de sonidos de ruido a golpes y repetidas relaciones vinculares de separación y abandono".
- María Belén Altamiranda Taranto: "Necesitaba saber mis orígenes, cerrar ese círculo. Si los acusados, que quizá se dicen tan católicos que llegan a las audiencias con rosarios en las manos, si tienen un poco de piedad, podrían decirnos dónde están nuestros padres, dónde están los desaparecidos, dónde están los nietos".
- Mariana Zaffaroni Islas: "Es un proceso difícil, pero a la larga muy liberador. Porque uno realmente encuentra el lugar al que pertenece. Se siente cómodo, como en casa".