jueves, 29 de marzo de 2012

La querella de Abuelas pidió penas de entre 15 y 50 años en el juicio por Plan Sistemático de Apropiación de Menores



 
Abuelas de Plaza de Mayo informa que la querella de la Asociación pidió las siguientes penas en la causa por el Plan Sistemático de Apropiación de Menores: 50 años de prisión para Jorge Rafael Videla, 25 para Juan Antonio Azic y Víctor Gallo, 19 años para Santiago Omar Riveros, y 15 años para Reynaldo Benito Bignone, Susana Inés Colombo y Rubén Franco. Además, los abogados requirieron al Tribunal Oral Federal Número 6 que Videla sea trasladado a otra unidad penitenciaria, ya que en Campo de Mayo goza de una situación de privilegio, y remarcaron que su detención allí es una afrenta a las víctimas, dado que allí funcionó un centro clandestino de detención y hubo partos.
            El juicio por 35 casos de robo de niños durante la última dictadura está llegando a su fin. Al cierre de la tercera y última jornada de alegatos de la querella de Abuelas, la presidenta de la institución, Estela de Carlotto, dirigió unas palabras al Tribunal: “Señores jueces: En nombre de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de Derechos Humanos hermanos, de los 30 mil detenidos desaparecidos y de la mayoría del pueblo argentino manifiesto que sin que nos muevan sentimientos de odio, venganza o revancha brindamos por arribar a la inclaudicable justicia que, sin dudas, consolidará la democracia y asegurará el Nunca Más”. 

lunes, 26 de marzo de 2012

Las pruebas del robo de bebés


El alegato de las Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio por el robo de bebés, que comenzará a escucharse el lunes, mostrará la evidencia reunida en la búsqueda de los nietos secuestrados. Aquí, parte de la prueba.
(Fuente: Victoria Ginzberg y Alejandra Dandan - Página 12)
Victoria Montenegro, Catalina de Sanctis Ovando, Francisco Madariaga, Macarena Gelman, Simón Riquelo, Alejandro Pedro Sandoval, Leonardo Fosatti, Juan Cabandié, Claudia Poblete, los hermanos Antole Boris y Victoria Eva Julien Grisonas y los otros 95 niños secuestrados durante la última dictadura que recuperaron su identidad son la prueba más firme y palpable del plan de apropiación de niños. Pero los análisis de ADN, sus historias (en lo que se pudo) reparadas no son lo único que demuestra la existencia de aquella práctica que hicieron sistemática y perfeccionaron los ejecutores del terrorismo de Estado. Hay documentos, papeles que dejó la burocracia, memos secretos y cartas familiares. Y hay palabras, testimonios de sobrevivientes y confesiones de represores ante jueces y de apropiadores ante los niños que pretendían aliados. Esta evidencia recolectada durante años de investigación fue analizada en el juicio contra ocho represores que entrará esta semana en su etapa final. Luego de las marchas con las que organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, estudiantiles y sociales repudiarán hoy el golpe militar del 24 de marzo de 1976, el lunes, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo comenzarán su alegato y darán cuenta de todos estos hechos, que permitirán sostener la acusación contra Jorge Rafael Videla, Reinaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Jorge Acosta, Antonio Vañek, Jorge Azic, Rubén Franco y el médico Jorge Luis Magnacco.
Palabras
Hay numerosas declaraciones judiciales en las que testigos o imputados mencionan la existencia de órdenes provenientes desde la cúpula militar para apropiarse de los hijos de desaparecidos. Todas coinciden en que había un objetivo definido: que los niños se criaran en hogares "occidentales y cristianos". Los testimonios del médico militar Julio César Caserotto, el fundador del CELS Emilio Mignone, la sobreviviente Lila Pastoriza y Jorge Eduardo Noguer, un ex marino cuya hija y nieta fueron secuestradas, son solo algunos ejemplos.
- "En el Hospital Militar de Campo de Mayo, sector de maternidad, durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional existieron órdenes verbales y escritas por la superioridad para que en el lugar se asistiera a las parturientas traídas por personal de Inteligencia. Las órdenes escritas estaban tituladas ‘Plan de Operaciones Normales para con el Personal de Inteligencia’, y estaban firmadas por el director del hospital" (Ramón Posse), reveló en 1998 el médico militar Julio César Caserotto, que se desempeñó entre 1977 y 1983 como jefe del servicio de obstetricia del Hospital Militar de Campo de Mayo. Cuando se le preguntó por el destino de esas mujeres y de los niños, respondió que se dirigía "al despacho del director del hospital y le mencionaba que la paciente estaba en condiciones de recibir el alta" y él se desligaba de la cuestión, pero que al otro día ni la parturienta ni el recién nacido estaban en el lugar. En otra declaración, Caserotto recordó puntualmente cuando se le transmitieron esas órdenes. Dijo que "un día por la mañana, cuando se disponía a tomar el servicio, lo encontró muy alborotado. Que divisó una mujer que se encontraba internada en la sala general ya puérpera, siendo vigilada por un soldado armado. Que dicha situación alteraba el orden normal de la sala, ya que se encontraban internadas otras mujeres". Recordó que luego, en una reunión, Posse le indicó: ‘A partir de ahora se internan todas las detenidas embarazadas en Epidemiología’, así le evitaban inconvenientes, y que no debían registrar el ingreso de estas mujeres ni de los nacimientos. Allí estaba presente también el capitán Norberto Bianco, médico militar que se encargaba de las embarazadas secuestradas en distintos centros clandestinos y que se apropió del hijo de Norma Tato y Jorge Casariego, quienes en 1977 estuvieron secuestrados en El Campito y permanecen desaparecidos.
- El fundador del CELS, Emilio Mignone, recordó en una causa judicial en 1998 que, en 1978, junto con Augusto Conte fueron a ver a Mario Amadeo para reprocharle que hubiese aceptado la designación como experto en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas con aval de Videla. Le pidieron que se interiorizara sobre la situación de la desaparición de personas y que recibiera a las Abuelas de Plaza de Mayo. Esa reunión se concretó y luego de escuchar a las mujeres que denunciaban la desaparición de sus hijas embarazadas y el secuestro de sus nietos, Amadeo se entrevistó con el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, el coronel auditor Carlos Cerdá, y le planteó la cuestión referida a los menores, ante lo cual Cerdá respondió que "se ha aprobado a nivel de la Junta Militar una doctrina mediante la cual los hijos de los subversivos no deben ser educados con odio hacia las instituciones militares" y que "por ello se entregaban los chicos en adopción".
- Jorge Eduardo Noguer fue miembro de la Armada entre 1947 hasta 1967, cuando se retiró como teniente de fragata. El 3 de junio de 1976 desaparecieron su hija María Fernanda Noguer y su nieta Lucía Villagra, en Acassuso. Su hermano, el coronel José María Noguer, era intendente de San Isidro y había sido compañero de promoción de Riveros, quien era comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo. En consecuencia, Jorge Noguer se entrevistó con él para tratar de localizar a su hija y a su nieta. Riveros designó a Hermann Tetzlaff (apropiador de Victoria Montenegro) para que lo ayudara a reconstruir el operativo en que se las habían llevado. Noguer recordó que Tetzlaff era el representante de la Escuela de Comunicaciones en el grupo de Inteligencia, jefe de la zona de San Isidro, Boulogne y Tigre y que trabajaba en forma conjunta con el Batallón de Inteligencia de Campo de Mayo. Noguer aseguró que Tetzlaff y su mujer, María del Carmen Eduartes, le contaron varias veces que no podían tener hijos. Incluso, dijo que en una ocasión, en junio o julio del ’76, el represor lo pasó a buscar por su domicilio y lo llevó "a una vivienda ubicada en la calle Thames o Dardo Rocha, a media cuadra de la Panamericana, en la que la noche anterior se había efectuado un procedimiento del Ejército, donde le dijo ‘la habíamos reventado, la habíamos reventado y donde murieron los guerrilleros padres’, ‘cuando entramos nos encontramos con dos chicos con los ojos gigantes, abiertos y me quedé con uno’". El ex marino, que seguía buscando a su hija y a su nieta, quedó impresionado por la crueldad del relato. Pocos días después de ese episodio, un sábado por la tarde, apareció Tetzlaff en su casa, acompañado por su esposa Eduartes, con una niña que Tetzlaff presentó como su hija, una niñera y la suegra. Noguer decidió ir a ver a Riveros para preguntarle si no cabía la posibilidad de que su nieta hubiera sido entregada a otro matrimonio como el de Tetzlaff y Eduartes. Riveros le dijo que con su nieta no había pasado eso, pero le indició que "ésas eran normas para evitar que los hijos de zurdos caigan si no en hogares bien constituidos ideológicamente con el fin de enderezarlos". Noguer, finalmente, hizo contacto con Videla, quien lo derivó al ministro del Interior Albano Harguindeguy, quien por medio de una lista le ratificó la desaparición de su hija y su nieta y le dijo que estaban en manos del jefe de la Armada, Emilio Eduardo Massera. En enero de 1977 recuperó a su nieta. Su hija, María Fernanda Noguer, continúa desaparecida.
- Los testimonios de los sobrevivientes, en este caso en su mayoría mujeres secuestradas que acompañaban en la celda a sus compañeras embarazadas y que hasta las asistieron en sus partos, son también fundamentales evidencias de este plan. Sara Solarz de Osatinsky, quien estuvo cautiva en la ESMA, declaró que "durante mucho tiempo, venían a visitar la pieza de las embarazadas altos jefes de la Marina, entre otros Vañek, y venía Chamorro y venía también Vildoza. Estoy casi segura de que fue por esas fechas, pero eran permanentes las visitas para contar lo que era ‘la maternidad’, a la que llamaban ‘la pequeña Sardá’". La Esma contó con un staff de médicos y enfermeros que tenían como función controlar el estado de los secuestrados para garantizar una mayor cantidad de tiempo de tortura e interrogatorios. Y, además, hacían controles ginecológicos y atendían partos clandestinos. La "justificación" para robarse a los niños era la misma en la Armada que en el Ejército. Lila Pastoriza narró: "Me encontré con una chica que me dijo que tenía los pechos destrozados, le pregunté a (Luis) D’Imperio (alias Abdala, a cargo del Servicio de Inteligencia Naval, grupo de tareas que operaba en la ESMA) y me dijo: ‘Nosotros consideramos que los chicos no tienen la culpa de tener los padres que tienen, los subversivos, estos terroristas’" (...) "creemos que las madres deben tener sus partos, pero a los chicos los entregamos a otras familias que puedan educarlos de otra manera’".
Un legajo esclarecedor
El nieto Alejandro Sandoval Fontana contó que Alicia Beatriz Arteach, su apropiadora, le dijo que un oficial de la Gendarmería de apellido Correa era quien lo había entregado y que les había dado a ella y a Víctor Rei (ex comandante de Gendarmería) la posibilidad de elegir entre él y una niña recién nacida. Alejandro contó que cuando preguntó por Correa, Arteach le respondió que se había vuelto alcohólico, que lo degradaban porque se vivía peleando y que no había quedado bien por lo que había pasado en Campo de Mayo.
Correa es el comandante principal de la Gendarmería Darío Alberto Correa y estaba a cargo de las embarazadas secuestradas en la prisión militar de encausados Campo de Mayo, que si bien se encontraba dentro de la guarnición mencionada, dependía del Cuerpo Primero del Ejército, con asiento en Palermo. El legajo personal de Correa, ya fallecido, aporta interesante documentación: él mismo relató en una actuación administrativa del año 1987 su participación en la represión. En una historia clínica que aparece bajo el título "Actividades cumplidas en el medio castrense", fechada en Catamarca el 29 de julio de 1987, Correa admitió, entre otras cosas, que tuvo a su cargo la "atención de parturientas detenidas, sus hijos y posterior entrega de los mismos a personas seleccionadas por las autoridades responsables incluyendo el posterior traslado de las madres a lugares secretos para su entrega a los responsables de su eliminación final".
El caso de Correa, explicarán durante el alegato los abogados de las Abuelas de Plaza de Mayo, prueba la existencia de aceitados mecanismos para la apropiación de los hijos de las mujeres desaparecidas. En primer lugar, queda clara la coordinación entre distintas zonas dentro del Ejército. También prueba la existencia de un procedimiento complejo manejado desde la jerarquía con distintas cadenas de mando y roles definidos, donde las personas que recibirían (se apropiarían) a los niños eran seleccionadas previamente por autoridades responsables. Y, finalmente, prueba que existía un procedimiento establecido para asesinar a las madres.
Papeles
Otro documento que da cuenta del plan para apropiarse de los hijos de desaparecidos es el memorandum redactado en 1982 por Elliot Abrams, funcionario del Departamento de Estado de EE.UU., luego de entrevistarse con el embajador argentino en Washington, Lucio García del Solar. El papel fue desclasificado por el gobierno de Estados Unidos en 2002 y publicado por Página/12.
En dicho escrito, Abrams contó: "Le pregunté al embajador el tema de los niños nacidos de prisioneras o los arrancados de sus familias durante la guerra sucia. Si bien los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y en un sentido esto era el problema humanitario más grave. El embajador acordaba en un todo y ya le había mencionado este punto a su ministro de Relaciones Exteriores y al presidente. No habían rechazado su punto de vista, pero señalaron el problema de, por ejemplo, sacarles los niños a los padres adoptivos". Este memorándum lleva fecha del 3 de diciembre de 1982, cuando ejercía la presidencia de facto Reinaldo Benito Bignone.
El documento refleja el pleno conocimiento de Bignone de la apropiación de niños, pero, más aún, señalan los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, deja ver que el dictador conocía el destino de esos niños. Abrams fue convocado a declarar en el juicio oral como testigo, trámite que realizó a través de una videoconferencia. En esa oportunidad dijo: "Pensábamos que era un plan porque había mucha gente que encarcelaban o asesinaban y nos parecía que el gobierno militar había decidido que algunos (niños) se entreguen a otras familias" y aclaró que ésta no era su opinión personal, sino del gobierno de Estados Unidos.
Gente bien
Con las declaraciones de algunos jóvenes que recuperaron su identidad, se reforzó la idea de que el objetivo de que los niños fueran entregados a familiares que cumplieran ciertos requisitos se llevó a cabo y de que, para eso, existieron ciertos mecanismos burocráticos, más o menos formales según los casos.
La apropiadora de Alejadro Sandoval Fontana le contó que a ella y a Rei los citaron "en el Regimiento de Patricios, el Maldonadito, y le hicieron un ambiental". Les dijeron que quien se quedara con el niño "tenía que ser de la fuerza o amigo de la fuerza, tenías que tener casa propia, ser católico".
Esto coincide con la información que obtuvo Catalina De Sanctis Ovando, que pudo reconstruir parte del proceso de su sustracción a partir de una carta que encontró en el domicilio de sus apropiadores (y que luego fue secuestrada en un allanamiento) y de lo que ellos mismos -Carlos Hidalgo Garzón y Francisca Morillo- le dijeron.
La carta fue enviada por Morillo a Hidalgo Garzón, oficial de Inteligencia del Ejército, a su destino militar en Tucumán y está fechada el 7 de abril de 1977. En la carta, Morillo le informa a Hidalgo Garzón: "Del Liceo hablé con el Coronel y me dijo que parece que se hace el llamado nomás, me dijo que fuera por Liceo luego de Semana Santa para ya llenar la solicitud: me atendió muy amable y se recordó en seguida, se ve que tiene presente el caso, veremos qué pasa" (...) "Vino la asistente de movimiento, quedó encantada con el departamento. Conversamos mucho, y me explicó que ella hace 7 años que trabaja en el movimiento y nunca vio que entregaran niños con problemas de salud o malformaciones, que son muy sanitos y que a ella le llamaba la atención lo normal que son los partos. Luego te contaré en detalle la conversación."
El "Movimiento" al que se refiere en la carta es el Movimiento Familiar Cristiano, que intervino en algunos casos como intermediario entre las Fuerzas Armadas y familias apropiadoras. En una charla con el marido de Catalina, Hidalgo Garzón confesó haber visto a la mamá de Catalina detenida en Campo de Mayo y haber llamado al día siguiente de la sustracción para preguntar si habían "volado el paquete", en referencia al asesinato de Miryam Ovando al arrojarla al mar en los denominados "vuelos de a muerte". La apropiadora argumentó, además, que ellos querían "adoptar" a la niña, pero que "un superior les ordenó que la tenían que inscribir como hija propia".
"Estos hechos -dirán los abogados de Abuelas- nos permiten concluir que existieron mecanismos burocráticos precisos para la entrega de los bebés a sus apropiadores, en los que se cumplían requisitos también precisos, en los que intervenían distintas instituciones además de las militares, como el Movimiento Familiar Cristiano, también religiosos, y en el que había control jerárquico dentro de la misma estructura militar."
"Si bien es claro que la dictadura desarrolló su actividad de represión y exterminio en la más absoluta clandestinidad -y la apropiación de niños no fue la excepción- y que procuró su impunidad instando a la destrucción de los más diversos registros y evidencias, alcanzando tanto la destrucción de documentos como de espacios físicos (tal es el caso de el CCD El Campito, en Campo de Mayo), así y todo, han quedado muchos rastros de la política que la dictadura definió respecto de los niños", se escuchará durante el alegato preparado por los abogados María Inés Bedia, Florencia Sotelo, Colleen Torre, Germán Kexel, Emanuel Lovelli, Agustín Chit, Mariano Gaitán, Luciano Hazan y Alan Iud.
No será por lo tanto posible encontrar un papel escrito por los represores con los detalles del plan de apropiación de niños. Pero estos 35 años de búsqueda de nietos han permitido recolectar pruebas más que suficientes que establecen que las apropiaciones de niños no fueron "excesos" o casos aislados, como argumentaban las cúpulas militares cuando se encontraban ante la inapelable evidencia de un análisis genético positivo.
"Quien se pregunte si la dictadura militar tuvo por objetivo satisfacer los deseos egoístas de paternidad de algunos oficiales, suboficiales o familias vinculados con aquéllos estará errando el punto de partida -explican los abogados de Abuelas-. El objetivo de la dictadura fue erradicar las posibilidades de construcción de un país distinto, donde el pueblo fuera el protagonista de las decisiones políticas y decidiera soberanamente su destino, y para ello persiguió con los más perversos y crueles métodos a los militantes políticos, sindicales, estudiantiles, que impulsaban la politización de la sociedad y buscaban modificar el statu quo. Fue en la ejecución de esa infame tarea que las Fuerzas Armadas abordaron el ‘problema’ de los hijos de aquellos a quienes desaparecían. Y, muy tempranamente, tomaron la decisión de que esos niños no fueran devueltos a sus familias."
La voz de los nietos
Los grandes protagonistas del juicio por el plan sistemático de robo de bebés fueron aquellos niños, hoy jóvenes, que contaron ante el tribunal sus historias en primera persona.
- Leonardo Fossati: "Cuando conocí toda esta historia mi hijo ya tenía ocho años y nos tocó a los dos transitar por este camino, que fue muy duro. Yo busqué mi historia, yo me acerqué a las Abuelas con dudas y yo tenía expectativas en poder encontrar la verdad, más allá de que uno nunca está preparado para enterarse de que sus padres están desaparecidos y que fueron torturados, yo era consciente de que me podía encontrar con eso, pero en el caso de mi hijo de ocho años... fue una situación muy dura, mientras fue pasando el tiempo le pude contar por qué nos tocaba recién a esta altura de la vida conocer a nuestra verdadera familia".
- Victoria Julien Grisonas: "A mi modo de ver, la realidad se construye no sólo de imágenes, sino de sensaciones, de cosas. Tengo sensaciones de ruido fuerte, cierto tipo de sonidos de ruido a golpes y repetidas relaciones vinculares de separación y abandono".
- María Belén Altamiranda Taranto: "Necesitaba saber mis orígenes, cerrar ese círculo. Si los acusados, que quizá se dicen tan católicos que llegan a las audiencias con rosarios en las manos, si tienen un poco de piedad, podrían decirnos dónde están nuestros padres, dónde están los desaparecidos, dónde están los nietos".
- Mariana Zaffaroni Islas: "Es un proceso difícil, pero a la larga muy liberador. Porque uno realmente encuentra el lugar al que pertenece. Se siente cómodo, como en casa".



viernes, 23 de marzo de 2012

Comienzan los alegatos de la querella de Abuelas



Abuelas de Plaza de Mayo comunica que el lunes 26 y el martes 27de marzo, desde las 9.30, la querella de la Asociación hará su alegato en el juicio oral y público por el Plan Sistemático de Apropiación de Menores, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal Nº 6, en la sala Amia de Comodoro Py.
La causa abarca 35 casos de apropiación de niños y niñas durante la última dictadura por los que están acusados Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Jorge “el Tigre” Acosta, Rubén Oscar Franco, Antonio Vañek, Santiago Omar Riveros, Jorge Magnacco, Víctor Gallo, Juan Antonio Azic y Susana Colombo.
            En esta instancia del proceso los medios están autorizados a filmar y tomar fotografías. Esperamos que nos ayuden a difundir esta información y nos acompañen en la etapa final de este juicio histórico que tiene en el banquillo a los represores que fueron responsables de la desaparición de nuestras hijas y el robo de nuestros nietos y nietas.

jueves, 15 de marzo de 2012

Se pospusieron los alegatos de Abuelas en Plan Sistemático

Abuelas de Plaza de Mayo comunica que los alegatos de nuestra querella en el juicio por Plan Sistemático de Apropiación de Menores, que ya ha ingresado en su etapa final, se han pospuesto para el lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de marzo.

Agradecemos la difusión de la presente información.

Francisco Madariaga responde a Gallo

 “Nadie se embarca en tamaña tarea (la de criar un hijo ajeno), si no es desde el corazón”, dijo el apropiador de Francisco Madariaga Quintela, el lunes 12 de marzo, al realizar su declaración indagatoria en el tramo final del juicio por Plan Sistemático de apropiación de menores. Francisco no quiso más que responderle al enterarse de los dichos del reo: “nadie se embarca en tamaña tarea -diría yo- si no es desde el odio y la venganza”.
Luego agregó: “Me molesta el cinismo de los dos (su apropiadora, Susana Colombo también lo dijo cuando declaró). Dicen que  se alegraron cuando se enteraron que tenía familia. Si realmente yo les importara se hubiesen ocupado de decirme la verdad, entonces podría haberme encontrado con mi familia mucho antes”, remarcó. La estrategia de Gallo fue evitar hablar del delito que se lo imputa, la apropiación de un hijo de una desaparecida en Campo de Mayo, y dedicó gran parte de su declaración a defenderse de los dichos de su ex mujer, quien habló de sus malos tratos y abandono hacia la familia. “Gallo habla de que el trabajo militar implicaba abandono de la familia, pero en su caso, el abandono del hogar se debía a que a partir de 1987 estuvo prácticamente todo el tiempo detenido por su participación en el levantamiento Carapintada y otro delitos comunes de los que se lo halló culpable. Toda su vida fue un delincuente, robó una financiera, me robó a mí”, explicó Francisco. También quiso aclarar: “Gallo era violento, es mentira que no ejercía violencia de género”.
            Por último hizo mención al desconocimiento que Gallo pretendió sobre el origen de Francisco: “Es increíble que hable de que tenían la certeza de que yo era huérfano y que no me buscaba nadie, cuando él mismo dijo en este juicio que me sacó de Campo de Mayo, que lo entregó un militar entre gallos y medianoche”.

“No se habló del tema de los menores”

Fuente: Alejandea Dandan / Página/12.
En el tramo final del juicio por el robo de bebés declaró el dictador Reynaldo Bignone, el partero de la ESMA Jorge Magnaco y el apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo. Los tres habían pedido hablar para defenderse antes de la instancia final. Gallo se presentó como víctima y llegó a blandir teorías sobre la “violencia de género”. Magnaco reconoció su rol como partero del centro clandestino e intentó defenderse diciendo que lo que hizo con las embarazadas fue “calmar sus miedos, sus angustias por tener que parir” en esas condiciones. De los tres, Bignone fue el que se tomó el tiempo para un discurso más político: habló de 1982 y de los dirigentes de los partidos políticos y en un tramo buscó el modo de responder específicamente al testimonio de un ex funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos que durante el juicio oral explicó que su país “sabía” del robo de bebés.
De traje verde y corbata al tono, Bignone se sentó mirando exclusivamente el espacio de los jueces del Tribunal Oral Federal 6. Ratificó todo lo dicho hasta ahora, negó su intervención en la ley de autoanmistía o en la orden de destrucción de documentos, por lo que se lo acusa. Y hacia el final, le respondió a Elliot Abrams, subsecretario de Derechos Humanos del Departamento de Estado entre 1982 y 1985, que declaró en la causa.
“Veinticuatro horas después (de las elecciones de 1983) –dijo– recibo como respuesta una carta del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dirigida para mi persona y mi gobierno y para el pueblo argentino por el hecho de regresar a la democracia de esa forma tan explícita y tan limpia. Por eso dudo mucho –aclaró– que la Casa Blanca hubiera hecho semejante cosa si fuera mínimamente cierto lo que en esta misma sala dijo alguien que fuera funcionario de esa época. Que los Estados Unidos tuvieran conocimiento de un plan sistemático de robo de bebés yo creo que (no puede) ser esto, así tal cual.”
Leída de otra forma, la frase de Bignone podría tomarse como una revelación: el gobierno de los Estados Unidos le envió en ese momento una carta de agradecimiento, aun sabiendo de los crímenes de la dictadura y del robo de niños.
Bignone, Magnaco y Gallo pidieron declarar porque el juicio se acerca al final, pero además porque desde la última disposición de Casación cambiaron algunas reglas del juego. Los acusados ya no dispondrán de tiempos eternos para decir lo que quieran decir en el tramo de las “últimas palabras”, como hicieron en la ESMA. Y empezaron a hacerlo ahora.
De los tres, Magnaco tuvo tal vez la intervención más inesperada. Con el aspecto de quien acaba de sacar la ropa de la tintorería, la barba impecable, atildado, el médico apeló a la ética profesional para defenderse de lo que hizo en la ESMA, aceptar que intervino en los partos, pero aclarar que no sabía cuál era el destino de los niños.
“Considero que a estas mujeres les he brindado mucho más que a otras pacientes”, dijo en un momento. “¿Por qué? –se preguntó–. Porque comprendí la difícil situación en la que estaban.”
Según el relato que reconstruyó, en octubre de 1976 tenía grado de teniente y estaba a cargo de ginecología del Hospital Naval de Buenos Aires: “En ese contexto –dijo–, mi jefe me dice que ambos debíamos concurrir circunstancialmente para atender pacientes embarazadas a la ESMA, cuando ello fuera ordenado por la superioridad. Cuando esto ocurrió así lo hice y recibí instrucción de cómo debía ser (...). Me aboqué a prestar la asistencia médica pertinente y la atención al recién nacido con lo mejor de mi conocimiento ¿En qué consistía? En higienizarlo, verificar orificios naturales, controlar el estado físico, el aparato cardiovascular, el sistema nervioso y una vez determinado que estaba en buenas condiciones, lo depositaba en el regazo de su madre para que lo amamantara y una vez finalizado, como había dado término a la atención médica, me retiraba de inmediato”.
Magnaco admitió que no inscribía los nacimientos porque “no existía un libro de nacimientos en los que dejar constancia de mi actuación y tampoco se extendían certificados”. Y en un tramo en el que pareció copiar los argumentos de los médicos civiles convocados a declarar por los nacimientos en el sector de Epidemiología de Campo de Mayo, dijo que “no me fue posible oponerme porque de haberlo hecho era poner en riesgo la salud de las pacientes y su feto”. Y que “no cometí jamás un abandono de paciente, lo que me fue ordenado lo cumplí y creo que asistí mejor a ellas que a otras pacientes que haya asistido en el medio privado”.
Para la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía de Martín Niklison, la declaración no sólo no lo ayudó sino que potenció los argumentos en su contra. Magnaco no era médico civil sino militar, lo que le da otro peso en la estructura y cadena de mandos. Tampoco creyeron en el argumento de que no podía abandonar a las parturientas como elemento de peso, porque los otros médicos que dijeron lo mismo denunciaron lo que estaba pasando apenas pudieron, muchos en espacios como la Conadep durante la recuperación de la democracia. El otro dato importante del que el médico no habló indica que no estaba a disgusto en ese lugar: el dato está incluido en las fojas de concepto que poseen los fiscales: allí figura que entre 1976 y 1983, cuando se le preguntó, en caso de cambiar de destino –el suyo era el Hospital Naval de Buenos Aires–, cuál sería de su preferencia, Magnaco puso la ESMA. Un lugar ideal para un ginecólogo y obstetra.
En cuanto a Bignone, negó la relación con el documento final de la Junta Militar; la destrucción de documentos y la ley de autoanmistía, los tres aspectos por los que está acusado en esta causa. Esto es así pese a que hizo toda su carrera de ascenso durante la dictadura. O que en 1977, cuando se produjeron buena parte de los nacimientos de niños robados en Campo de Mayo, él era jefe de Institutos Militares en esa guarnición.
Por otra parte, así como el dictador Rafael Videla ante la revista CambioI16 habló de la cercanía con la Iglesia y con las empresas, Bignone pareció querer mostrar ciertas articulaciones con otros actores políticos. Habló de la carta de Reagan y le dejó una copia al Tribunal. Pero antes, habló bastante de un encuentro que organizó antes de asumir la presidencia de facto con “todos” los referentes de los partidos políticos. Se ocupó de decir que estaban todos, “de derecha a izquierda”. Y como al paso, o como un mensaje destinado a esta época, recordó que todos ponderaron la acción sobre Malvinas e insistió en que también lo había hecho una de las líneas de la izquierda.
En ese momento, Bignone dio un dato importante: mientras hablaba de aquella reunión, de cómo lo aplaudieron, dijo que no se habló del “robo de niños”, no porque no existiera, sino porque “no era el tema de esa ocasión”: “Y debo decir que la reunión terminó con un aplauso de la dirigencia política –explicó–. Ninguno de los presentes se refirió en ningún momento, yo tampoco, al tema memores porque no era el tema de ese momento”.
Otro de los datos que dio en otro momento es sobre un anexo, con instrucciones de Suárez Mason para ver qué hacer en casos de niños que quedaran huérfanos después de los operativos. El anexo se conoce y es materia del juicio. Pero Bignone, buscando defenderse, dijo que había presentado un listado en la causa en 1999 con copia de ese anexo. El problema es que en vez de decir niños huérfanos dijo: “Un anexo sobre cómo proceder en caso de menores nacidos en cautiverio y cuando no se pueda dar con los familiares”. Nadie sabe si se equivocó.

lunes, 12 de marzo de 2012

El lunes declararán en el juicio por robo de bebés, el dictador Bignone, el médico represor Magnacco y el apropiador Gallo
El próximo lunes, en la etapa final del juicio oral y público por Plan Sistemático de Apropiación de Menores, el último presidente de facto, Reynado Bignone; el ex carapintada y apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo; y quien se desempeñó como médico de la ESMA, Jorge Luis Magnacco, prestarán declaración indagatoria, en la sala Amia de los Tribunales de Comodoro Py.
Los tres imputados harán uso del derecho que les otorga el Código Penal antes de escuchar los alegatos de las querellas, la fiscalía y de su propia defensa en este histórico juicio que con más de doscientos testigos logró exponer lo que ocurrió con los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura.
Se prevé que los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo den sus argumentos los días 19, 20 y 21 de marzo, en la misma sala que se viene realizando este juicio desde hace más de un año.
Se estima que Tribunal Oral Federal N° 6, que lleva la causa, integrado por María del Carmen Roqueta, Julio Panelo, Domingo Luis Altieri, dictará sentencia en el mes de mayo.