miércoles, 25 de abril de 2012

Cronograma de audiencias

7 de mayo
Alegato de las defensas de Eduardo Alfredo Ruffo e Inés Susana Colombo.

8 de mayo
Alegato de las defensas de Víctor Alejandro Gallo y Juan Antonio Azic.

14, 15 y 16 de mayo
Alegato de las defensas de Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Antonio Bignone y Jorge Luis Magnacco.

21, 22 y 23 de mayo
Alegato de las defensas de Santiago Omar Riveros y Antonio Vañek.

28, 29 y 30 de mayo
Alegato las defensas de Jorge Eduardo Acosta y Rubén Oscar Franco. 

“No merecen ninguna indulgencia”


“No son pobres ancianos, han envejecido impunes”, dijo el fiscal Martín Niklison al hablar sobre el dictador Jorge Rafael Videla, Ruben Oscar Franco, Reynaldo Bignone, Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros acusados.

(Fuente: Alejandra Dandan / Página 12)

“Algún desprevenido podrá apiadarse de los acusados por su ancianidad, pero no son pobres ancianos, sino que han envejecido impunes, guardando para ellos la información que ayudaría a las víctimas a encontrarse con la verdad. No merecen ninguna indulgencia. Ni en el epílogo de sus vidas se percibe en ellos un atisbo de intentar mitigar el dolor que causaron, por el contrario, reivindican sus crímenes y los ratifican con su silencio permanente.” Con esas palabras, el fiscal Martín Niklison marcó el carácter de esos ancianos represores acusados por el plan sistemático de robo de niños durante la última dictadura, en el último día de alegato. Tras analizar los dilemas sobre cómo cuantificar la magnitud de delitos de “una gravedad extraordinaria” y comparándolos con las sanciones de que dispone la nueva ley de desaparición forzada de personas, en línea con las querellas, la fiscalía federal pidió la pena máxima de 50 años de prisión para el dictador Jorge Rafael Videla, como autor mediato por veintiún apropiaciones de niños. El pedido del tope máximo de condenas de 50 años alcanzó además a Ruben Oscar Franco, Reynaldo Bignone, Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta. La fiscalía pidió además el inicio de una investigación sobre el obispo castrense Emilio Graselli, para que se indague sobre su posible complicidad o encubrimiento de los crímenes.

Durante un cuarto intermedio de la audiencia, se produjo una escena que reafirmó las palabras con las que el fiscal recordó una y otra vez el cinismo y el silencio que aún guardan los represores. Franco y Bignone se levantaron campantemente de sus sillas para acercarse a Omar Riveros. El ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo acababa de ser acusado por dos hechos: la apropiación de Pablo Casariego Tato y de Francisco Madariaga Quintela. Ahí, en medio de lo que parecía hacerlos revivir la escena de una vieja reunión de gabinete, Bignone le preguntó a Riveros: “¿Así que te acusan por dos casos?: ¡Ajá! ¡Sos un angelito!”.

Las querellas los escucharon. También lo hicieron las Abuelas. Elsa Pavón, la abuela de Paula Logares, estaba sentada entre el público, al lado de la madre de Cecilia Viñas y de Rosario Isabella Valenzi. Elsa no dijo nada. Uno de los abogados susurró lo que aquéllas no pueden decir: “A estos hombres –dijo– no les importa nada”.

La acusación

El final de los seis días de lectura de pruebas tuvo dos aspectos importantes. El primero, la necesidad de señalar lo atípico de la apropiación, cuyos efectos continúan en el presente amparados por el silencio de los represores. El segundo, más técnico pero probablemente significativo para otras causas, fue la forma que encontró la fiscalía para saltar el escollo que provoca fundamentar el pedido de penas de 50 años de prisión en la llamada y polémica ley Blumberg, comparando los casos con el corazón de la ley de 2011 de desaparición forzada de personas.

Durante la lectura del primer punto, Niklison estuvo varias veces a punto de estallar en lágrimas. “Al momento de fijar la pena también habrá que tener en cuenta que a estos hombres nunca les importó el suplicio a que sometían, y siguen sometiendo, en muchos casos, a los familiares que buscaban a esos niños y los largos años de duración de sus crímenes”, dijo. “Parece difícil encontrar muchos casos de mayor crueldad y sadismo que el de quienes sabían –saben– que había y hay mujeres buscando a sus nietos.” Que había una madre, dijo, buscando a su hijo como lo era Sara Méndez. Que había un padre en igual situación como Abel Madariaga. “Y pese a que ellos podían hacer cesar ese sufrimiento optaron por no responder a sus reclamos, por no recibirlos, por hacer silencio sobre el tema, por no decir nada.”

En la sala escuchaba un grupo de Abuelas. Niklison recordó que, “peor aún”, esas abuelas se convirtieron para ellos “en otra cara de la subversión que buscaba destruir familias cristianas sacándoles a esos niños”. Mencionó la complicidad de jueces y de los medios de comunicación, como lo hicieron las querellas, resaltando la construcción de humanidad que les dieron a los apropiadores. También dijo: “Contaron con sus abogados que se encargaban de descalificar denunciantes y obispos que hablaban de reconciliación sin exigir antes la verdad”.

Durante el juicio, recordó, se quitó la vida una joven que desde su infancia intentaba saber qué pasó con sus padres. O dónde estaba su hermano nacido en cautiverio. Y se preguntó: “¿Cómo medir el dolor de Chicha Mariani y de Estela de Carlotto que hace más de treinta años buscan a sus nietos? ¿Y el de Licha de la Cuadra, primera presidenta de Abuelas, que murió antes de encontrar a su nieta Ana Libertad? ¿Cómo ponerse en el lugar de Clara Petrakos y comprender algo de su sufrimiento tras 35 años de no saber qué pasó con sus padres y su hermana?”. Y dijo: “También resulta imposible ponerse en el lugar de los imputados para comprender qué los llevó a cometer semejantes crímenes, qué los hace mantenerse incólumes en su discurso y en la negación de lo sucedido, específicamente con estos niños”. Detrás de las palabras del fiscal aparecía una réplica a las supuestas confesiones que Videla viene haciendo a la prensa sin decir nada de los niños.

Cada una de esas invocaciones fundamentaron el segundo aspecto: el pedido extraordinario de 50 años de prisión para los cerebros del plan. En términos técnicos, el número está habilitado desde 2004 por la sanción de la ley Blumberg y puede usarse en estos casos porque el delito de la apropiación no termina de cometerse hasta que los niños recuperan la identidad. Como algunos de los 34 niños que integran el juicio recuperaron su identidad después de 2004 –es decir después de la sanción de la ley– y otros aún no la recuperaron, la figura está habilitada. En eso se basaron las querellas para pedir 50 años para Videla. En este caso, la fiscalía agregó además a otros represores. Para no basarse exclusivamente en una ley controvertida, evocó para dar “un buen indicio de la gravedad de estos delitos en el ámbito nacional” la ley 26.679, que tipifica la desaparición forzada de mujeres embarazadas y expresamente de personas nacidas durante la desaparición forzada de la madre e impone penas de prisión perpetua. “No se pretende la aplicación de esa ley –aclaró el fiscal–, sino sólo ejemplificar sobre la gravedad con la que en la actualidad los poderes del Estado consideran estos delitos. Así como existen los delitos de bagatela, existen estos delitos que hacen estallar los máximos penales: una sola desaparición es tan grave como para imponer una pena máxima.”

En concreto, los cargos dividieron a los acusados en dos grupos: Videla, Riveros, Vañek, Franco y Bignone fueron acusados como coautores mediatos, por ocupar los escalones superiores “desde donde emanaron las órdenes”, todos “eran altos jerarcas del sistema represivo”, hombres que estaban por atrás o arriba de los autores directos: “Asignaron personal destinado al equipamiento y aseguraron un sistema criminal para que nadie perturbara a los apropiadores”, fueron indicando las fiscales ad hoc Nuria Piñol y Viviana Sánchez. A Videla se lo acusó por 21 hechos; a Riveros le pidieron 30 años por dos casos; a Franco y Bignone se los acusó por 31 hechos, en otro de los giros del alegato: sus responsabilidades son por el “Documento Final” de la Junta que declaró la muerte de los desaparecidos y por ende la muerte de los niños. Y que prohibía además toda investigación. A Bignone le pesa además la ley de autoanmistía. A Vañek lo imputaron por sustracción, retención y ocultamiento de diez hechos.

Acosta, el prefecto Juan Antonio Azic, el médico Jorge Luis Magnacco, Eduardo Ruffo, Víctor Alejandro Gallo y Susana Colombo fueron descriptos como autores directos. A Acosta se le imputaron once hechos, entre ellos el de Victoria Donda y Juan Cabandié. Para Magnacco pidieron 19 años de prisión por el caso de Cecilia Viñas. Y a Azic, Gallo y Colombo se los acusó además como apropiadores directos porque “mantuvieron la mentira día a día haciéndoles creer a los jóvenes apropiados que eran sus padres”. Para Azic y Gallo, 25 años, y para Colombo, 14 años de prisión.

Un párrafo aparte merece Ruffo. Llegó a este juicio acusado por participar del secuestro y apropiación del hijo de Sara Méndez. Está acusado y condenado por otra apropiación; se le abrió una causa por abusos a esa niña y tiene condenas por delitos comunes. Veintiséis años después del secuestro del hijo de Sara Méndez aportó datos para ubicarlo a él y a Macarena Gelman. Los fiscales ponderaron esa situación como un atenuante y bajaron la pena máxima de 19 años para este caso a 17 años de prisión: “Esa actitud lo pone en un lugar diferente de los otros imputados. Pero también es cierto que eso lo pudo hacer cualquier día de esos 26 años y evitar un inmenso dolor, pero recién lo hizo en 2001”.

martes, 24 de abril de 2012

La fiscalía pidió 50 años para Videla, Vañek, Franco, Bignone y Acosta, y penas de 14 a 30 años para los demás acusados


El fiscal Martín Niklison pidió al Tribunal Oral Federal Nº 6 penas de 50 años de prisión para los genocidas Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, Jorge “El Tigre” Acosta, Antonio Vañek y Rubén Franco; 30 años para Santiago Omar Riveros; 25 años para Azic  y Víctor Gallo; 19 para Jorge Luis Magnacco; 17 años para Eduardo Ruffo y 14 para Susana Colombo.

Las audiencias continuarán con el siguiente cronograma tentativo:
7 de mayo
Defensas de Eduardo Ruffo y Susana Colombo

8 de mayo
Defensas de Víctor Gallo y Juan Antonio Azic

14, 15 y 16 de mayo
Defensas Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone y Jorge Luis Magnacco

21 de mayo
Defensa de Jorge Acosta

viernes, 13 de abril de 2012

Cronograma de audiencias

Lunes 16 de abril 
9.30 Alegato de la fiscalía a cargo de Martín Niklison

Martes 17 de abril
9.30 Alegato de la fiscalía a cargo de Martín Niklison

Miércoles 18 de abril
9.30 Alegato de la fiscalía a cargo de Martín Niklison

“Eran recluidas y obligadas a dar a luz”


El fiscal Martín Niklison reconstruyó, a partir de los testimonios recabados, los 35 casos del juicio y se concentró en los niños nacidos en la Comisaría V de La Plata y en el Pozo de Banfield, donde “se montó una verdadera maternidad clandestina”, dijo.

(Fuente: Alejandra Dandan - Página/12)

El modo “curioso y significativo” con el que el Poder Judicial rechazó u omitió los trámites de quienes buscaron a las embarazadas durante la dictadura. Las gestiones ante obispos y curas que hoy, más de 36 años después, hicieron que una de las fiscales del juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés todavía se pregunte: “¿Qué tipo de gestiones realizaba la Iglesia, ante cuál de las autoridades de facto y qué respuestas obtenían?”. O el rol de un Estado, que “tenía la obligación de suministrar información”, pero no lo hizo. Estos fueron algunos de los subrayados que hizo la Fiscalía Federal a cargo de Martín Niklison, en el segundo día de sus alegatos. Durante la reconstrucción de los casos y (ayer) del funcionamiento de la maternidad clandestina del Pozo de Banfield, la Fiscalía asumió la acusación de los crímenes del Estado terrorista de la dictadura. Retomó, en ese contexto, las últimas palabras con que los niños apropiados, hoy adultos, les hablaron a los jueces, sumándose a los reclamos que hicieron ellos. Y nombró a cada una de las víctimas desde sus identidades políticas.

El Servicio Penitenciario Federal trasladó a todos los acusados a los tribunales de Comodoro Py, pero recibió un reto de la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 6, María del Carmen Roqueta. Los problemas en los traslados provocaron que el martes el Tigre Jorge Acosta quedara en Comodoro Py hasta las once de la noche. O que el dictador Jorge Rafael Videla llegara a Campo de Mayo pasada la una de la mañana. Ayer estuvo sentado siempre en una esquina, al lado de Reynaldo Bignone, como si buscaran seguir manteniendo distancia. Ninguna cámara mostró la cara de Videla cada vez que la Fiscalía volvía a nombrarlo, como cuando le dijeron que no habla y, cuando lo hace, “decide hablar en una entrevista en la que reivindica su accionar como jefe de la dictadura”.

La Fiscalía avanzó con el rearmado de los 35 casos del juicio, a partir de los aportes dispersos de cada testigo. Concentró el alegato en dos puntos del Circuito Camps: los niños nacidos en la Comisaría V de La Plata y en el Pozo de Banfield, entendido ahora como la maternidad clandestina de ese circuito, y una de las tres que se investigan en el proceso.

“En el Pozo de Banfield, además de haberse alojado a cientos de detenidos-desaparecidos –dijo Niklison–, se montó una verdadera maternidad clandestina donde las madres eran recluidas hasta el término de su embarazo y obligadas a dar a luz. Luego del alumbramiento, el destino de los recién nacidos y de sus madres estaba sellado: los niños eran apropiados por fuerzas de la represión o familias allegadas, y sus madres, en cambio, integrarían la lista de desaparecidos.”

Las embarazadas parían en la “enfermería”: sus embarazos sucedían en el encierro, tabicadas y vendadas como los demás, y en condiciones de desnudez casi total en algunos casos, dijeron. En contadas ocasiones, las futuras madres fueron provistas de algún medicamento o alimento distinto, aunque cuando se “acercaba la fecha del alumbramiento generalmente eran puestas al cuidado de alguno de sus compañeros, había controles médicos y los partos eran usualmente atendidos por el médico policial Jorge Antonio Bergés”.

Esas “señales claras” demuestran “el interés de los represores de mantener la gestación de los hijos de las desaparecidas”. Un dato que reforzaron poco más tarde al describir cómo, tras el parto, esos mismos cuidados se desvanecían. “Otra constante del Pozo de Banfield –dijo el fiscal– fue que, luego de tener a sus hijos, las madres eran libradas a su suerte, teniendo que lidiar por sí solas con los dolores postparto y las infecciones que se les generaban por la acumulación de leche. Ya nadie iba a controlar su estado de salud ni se interesaba por ellas. Sólo se las volvía a buscar, a fin de ser trasladadas. Esto demostraba que el interés de la organización represiva por el estado de estas mujeres desaparecía luego del nacimiento de los niños.”

Niklison y las fiscales ad hoc Nuria Piñol, María Saavedra y Viviana Sánchez lograron explicar por qué muchos de los niños que nacieron en el Pozo de Banfield eran hijos de parejas uruguayas, secuestradas en Argentina. Para eso, reconstruyeron la historia del Pozo, la relación con el Plan Cóndor, la conexión con el Pozo de Quilmes y la Brigada de San Justo y explicaron cómo luego de la caída de un militante montonero con documentos uruguayos empezó a caer ahí el último grupo de uruguayos.

Hubo un apartado para Adriana Calvo, casi a modo de homenaje, pero que permitió a la vez plantear su caso como “una excepción”. Muerta el año pasado, su nombre se repitió innumerables veces en las audiencias no sólo porque dio a luz en un patrullero, secuestrada, y salió viva con su hija, sino porque mientras estuvo cautiva asistió a las embarazadas, hizo las primeras sistematizaciones de los partos y ayudó a los familiares de los desaparecidos a encontrarse con los niños robados o les acercó datos y relatos de su gente. “Lamentamos enormemente que no haya podido relatarnos en esta sala el calvario que vivió y el crudo nacimiento de su hija Teresa en un patrullero de la policía”, dijo Niklison. “Si bien ella no pudo darnos presencialmente su testimonio, su declaración ante la Cámara Federal en 1984 ha sido proyectada innumerables veces y quedará grabada para siempre en nuestras memorias. Su testimonio pone en voz presente el horror que sufrieron las madres desaparecidas que nunca pudieron relatar el nacimiento de sus hijos.”

Adriana, que parió mientras la llevaban de la Comisaría V al Pozo de Banfield, donde Bergés le sacó el tabique de los ojos y “bruscamente” le quitó la placenta y la obligó a limpiar el lugar frente al oficial de guardia y a otros carceleros que se reían, fue una “circunstancia excepcional, única en el Pozo de Banfield”: la organización represiva postergó su liberación ya decidida por la atención que les demandó el caso de los Graiver.

Más tarde, el fiscal Niklison volvió a hablarle a Videla. Hablaba de las fichas que elaboró el Ejército con los desaparecidos, un dato evidente a partir de legajos incorporados al expediente sobre las víctimas de La Noche de los Lápices. “Estas fichas demuestran cabalmente el riguroso control de información que el Ejército llevaba de los operativos –dijo el fiscal–. Nos preguntamos dónde estarán las fichas con la información de las embarazadas que parieron o pasaron por ese centro clandestino. Nos gustaría que el ex comandante en jefe del Ejército aquí presente nos lo diga.”

“No se trató de conductas ocasionales”


El fiscal Martín Niklison sostuvo que hay pruebas suficientes para sostener que el robo de bebés respondió a “órdenes emanadas de las máximas autoridades militares” y que “se insertó en el plan sistemático de represión ilegal”.

(Fuente: Página/12) 

Los testimonios y otros elementos recabados durante más de un año en las audiencias realizadas en los tribunales de Comodoro Py aportaron pruebas suficientes para concluir que el robo de bebés y niños, hijos de mujeres y hombres detenidos clandestinamente y en su mayoría desaparecidos, no fueron acciones aisladas durante la dictadura sino, por el contrario, un crimen que respondió a “órdenes emanadas de las máximas autoridades militares” y que “se insertaban en el plan sistemático general de represión ilegal”. Así lo considera la fiscalía que, bajo la representación de Martín Niklison, Félix Crous y la adjunta María Saavedra, actúa en el juicio que evalúa la responsabilidad de una decena de militares, entre ellos los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, en la sustracción, retención y ocultamiento de 34 niños y en la sustitución de sus identidades. Ayer, el fiscal Niklison comenzó a exponer su alegato en el que, además de definir los crímenes como partes de la táctica y la estrategia del terrorismo de Estado, advirtió sobre su vigencia actual, a más de tres décadas de su aplicación. “Hay duelos que nunca se pudieron realizar como consecuencia de la metodología represiva de la dictadura. El horror de esos años no pertenece aún al pasado”, introduce la posición fiscal.

Niklison dibujó claramente el marco en el que se desarrollará el alegato de la fiscalía, durante las próximas seis audiencias. “Ha quedado demostrado con total certeza de que no se trató de conductas ocasionales y que en distintos lugares existieron estructuras montadas para llevar a cabo la sustracción de los menores”, mencionó, ante los rostros de los acusados y la mayoría de las querellas que participan del proceso, iniciado en febrero de 2011 ante el TOF 6.

La certeza de la fiscalía se apoya sobre varios ejes. De por sí, fueron contundentes las declaraciones que citaron de boca de represores como Ramón Camps o el propio Videla, quienes reconocieron la sustracción de bebés a hombres o mujeres “de la subversión”. Para los fiscales, la cantidad de hechos juzgados, sumados a los que figuran en otras causas penales y los que ya recibieron condena; el número de “lugares en donde se produjeron las apropiaciones” y el traslado hacia allí de mujeres embarazadas desde donde estaban secuestradas clandestinamente aportaron a la demostración de su hipótesis.

“Si en Argentina tenemos cientos de casos (de apropiaciones) y en las dictaduras de países vecinos no hubo ninguno, es porque aquí se tomó una decisión diferente”, señaló Niklison. Respecto de los escenarios, subrayó que “no se trató de un par de comisarías o de un cuartel. Tampoco se limitó a instalaciones de una fuerza, sino que hubo maternidades en dependencias de la Policía Bonaerense, del Ejército y de la Armada”.

Por último, mencionó que “es impensable que en la Argentina de esos años se pudiera trasladar a una mujer embarazada desde Mar del Plata o desde Morón hasta la ESMA para que tuviera su hijo, luego se hiciera desaparecer a esa mujer y su bebé se le entregara a otra persona y que ello no respondiera a un plan perfectamente orquestado desde los máximos niveles”. La connivencia de representantes de la Iglesia en el secuestro de bebés –hecho probado en el caso de la nieta de Chicha Mariani–, así como de miembros del Poder Judicial –el caso de la jueza Marta Pons– y la participación de personal médico completan el tablero de indicios que apuntan a probar la sistematicidad de los crímenes: “Hemos visto personas que todavía no saben dónde están ni qué pasó con sus seres queridos, otras que han recuperado su identidad hace muy poco y que, por lo tanto, todavía tienen muy fresca y con dolor la herida abierta hace más de treinta años por quienes están siendo aquí juzgados”.

“Chicha” Mariani también pidió la pena máxima para el dictador Videla


Reclamó 50 años de reclusión en cárcel común. La querella dio por probado que Videla ordenó la apropiación de menores

(Fuente: Gerardo Aranguren / Tiempo Argentino)

La querella de María Isabel Chorobik de Mariani reclamó ayer 50 años de prisión en una cárcel común para el ex dictador Jorge Rafael Videla como el máximo responsable del Plan Sistemático de robo de bebés. La última querella en exponer fue la que representa al poeta Juan Gelman, que reclamó 21 años de prisión para Reynaldo Bignone y Rubén Franco por la apropiación de su nieta Macarena, y dio lugar para que hoy alegue la fiscalía.
Los abogados de la Asociación Anahí concluyeron ayer al mediodía su alegato luego de tres jornadas en la que acusaron a Videla por 20 de los 35 casos de apropiación que forman parte del proceso. Para la querella de “Chicha” Mariani, el ex dictador debería ser condenado como autor de genocidio pero aclararon que si el Tribunal Oral Federal 6 no lo permite “se lo condenará como autor se sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años y de la supresión del estado civil, en 19 oportunidades, y como partícipe necesario en el caso de Macarena Gelman”, leyó el equipo de la Asociación Anahí.
Al especificar la pena, al igual que Abuelas y Alcira Ríos, reclamaron 50 años de prisión, la máxima pena establecida en el artículo 55 del Código Penal a partir de la reforma impulsada por Juan Carlos Blumberg en 2004. “Para aquellos que trabajamos día a día por la irrestricta defensa de los Derechos Humanos, la reforma del artículo 55 nos resulta un tanto incómoda, pero, por un lado resulta ser la ley vigente y en segundo lugar, que si en algún supuesto fáctico se justifica aquella escala punitiva sólo puede ser para casos de genocidio como aquí se ventilan”, argumentaron.
La querella consideró probado que Videla dio las órdenes “para que se llevaran adelante las sustracciones y ocultaciones de los hijos nacidos o por nacer de lo que consideraban el enemigo político, como así también el cambio de identidad para que sus familias no los pudieran encontrar”. 
Explicaron además que la apropiación de niños adquirió las características de un campo de concentración. “Al igual que los secuestrados, quienes fueron apropiados fueron despojados de su nombre, sus familias, su historia e ingresaron en lo que fue la continuación de los Centros Clandestinos de Detención: el hogar de los apropiadores. La única huella que conservaron de aquella herencia e historia fue su cuerpo y su sangre, que señaló en cada momento de sus vidas, la fractura que existía en el discurso de los apropiadores.”
Al finalizar la acusación, agradecieron a Abuelas y Madres por ser un “ejemplo de valentía y amor”, y leyeron unas palabras de Chicha Mariani, quien no pudo estar presente. “En este juicio ha quedado comprobada la existencia de la crueldad inhumana llevada a cabo con uniformes azules, verdes, blancos, pardos y también con negras sotanas. Toda está exhaustivamente comprobado, una y mil veces, por lo tanto, señores jueces, esperamos que la justicia aplique al fin la justicia tan dolorosamente esperada durante 36 años”, reclamó.
Por la tarde, las abogadas Lucía Gómez Fernández y Valentina Besana alegaron en representación del poeta Juan Gelman. Por cuestiones formales, la querella sólo pudo acusar a los integrantes de la última Junta Militar Bignone y Franco, por quienes pidieron 21 años de prisión como coautores mediatos de la apropiación de Macarena Gelman.