viernes, 6 de julio de 2012

“Una práctica sistemática y generalizada”


El dictador Jorge Rafael Videla recibió 50 años de prisión. Las penas fueron bajando hasta los cinco años que recibió la apropiadora de Francisco Madariaga. El tribunal dio por probado el plan sistemático y los secuestros de los niños aún no encontrados.

(Fuente: Página 12 - Alejandra Dandan)


Y el día llegó. La Justicia dio por probado que la existencia de una “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad” en “el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Esa definición, pendiente desde el Juicio a las Juntas de Comandantes que no lo había dado por probado, reclamada durante más de 36 años por las Abuelas de Plaza de Mayo y por los nietos identificados, la dijo ayer la presidenta del Tribunal Oral Federal 6, María del Carmen Roqueta, en la sentencia del juicio por el robo de bebés. El dictador Jorge Rafael Videla recibió la pena histórica de 50 años de prisión, que se da por primera vez, por haber organizado esa práctica. El tribunal condenó además a otros ocho represores, entre ellos a Reynaldo Bignone, Santiago Riveros y los marinos Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta. Los jueces imputaron a los acusados por los casos de los niños que aún están desaparecidos, es decir, dieron por probados sus secuestros y entendieron que el delito continúa. También impulsaron una investigación sobre el emblemático vicario castrense Emilio Graselli y dispusieron la rectificación de las partidas de nacimiento. “Es un día memorable para la Argentina y para todo el mundo civilizado que sabe que en un país donde no hay justicia, no puede haber democracia. Y acá la estamos haciendo entre todos”, señaló Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

La sala de los tribunales de Retiro estaba en silencio. Frente a la línea de acusados, el blazer azul de Videla, el poncho de Bignone, la chalina de Riveros, se ubicó a las 18.18 Roqueta, seguida por los jueces Julio Luis Panela, Domingo Altieri y Pedro García de la Torre. Roqueta leyó poco después el artículo en el que por primera vez aparece definido legalmente el robo de niños como sistema. La sala escuchó. Luego leyó el nombre de Videla, los nombres de sus víctimas y llegó a la condena. Cuando leyó el monto de la pena, los 50 años pedidos por todas las querellas y la fiscalía de Martín Niklison, un número que pareció en ciertas ocasiones imposible, ahí, sí, se escuchó un suspiro colectivo en forma de alivio.

“Tengo una mezcla de sensaciones”, dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo apenas se levantó de la sala. “Porque por un lado celebro la condena de 50 años para Videla, lo cual se da por primera vez, y está el reconocimiento explícito y claro de la Justicia de que hubo un robo sistemático de niños y se condena al responsable emblemático. Pero por otro, las demás penas fueron más livianas de lo que esperábamos, aunque los abogados tienen su explicación, todavía podremos verlas.”

Estela se sentó al lado de Francisco Madariaga, que llevó a juicio a sus apropiadores Víctor Gallo y Susana Colombo. Detrás estaba Abel Madariaga, su padre, el único padre sobreviviente de los 35 casos revisados durante el juicio. Atrás y adelante estaban Elsa Pavón con su nieta Paula Logares; Macarena Gelman, María Victoria Montenegro, Rosa Roisinblit con su nieto Guillermo y Sara Méndez –la única de esas madres que sobrevivió– pegada a su hijo Simón, ahora recuperado.

“Yo lloré como una desgraciada, para serte sincera, porque fue la primera vez que escuché que existía el nombre de mi hermana”, dijo, como pudo, Adriana Moyano, la tía de Victoria Moyano Artigas, apenas se paró de su silla. “Treinta y cinco años para ver la cara de los que vieron nacer y sostuvieron a nuestro sobrina”, replicó al lado, Elsa Poblete. “Magnacco estaba ahí –dijo–: agarrando a mi sobrina.”

El punto más importante de la sentencia sin duda fue la definición del robo de niños. En una fórmula compacta, precisa y muy cuidada, el tribunal desplegó lo que no estaba dicho hasta ahora y a partir de ahora repetirá la Justicia. Después de leer una serie de nulidades, Roqueta pronunció el punto ocho de su sentencia: “No hacer lugar a los planteos de prescripción penal interpuestos por las defensas –dijo y siguió– por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar, artículo 118 de la Constitución”.

No dijo “plan”, pero dijo “práctica sistemática”, tal como lo habían sostenido la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía. Esa decisión había quedado pendiente desde el Juicio a las Juntas, en el que se absolvió a Videla por cinco de los seis casos que llegaron a juicio. Allí se consideró que ese práctica sistemática no existía y que las apropiaciones eran casos “aislados”.

Las penas

Al lado de Videla, el que recibió la segunda pena más alta fue el marino Antonio Vañek, condenado a 40 años de prisión como responsable de la Armada. El resto de las penas fueron más bajas de lo que se había pedido. Sin embargo, entre ellas, hubo una escala más alta para los lugares de mando, los llamados “instrumentadores” del plan: entre ellos, Acosta por la ESMA, condenado a 30 años de prisión y Riveros por Campo de Mayo, condenado a 20 pero juzgado sólo por dos casos.

Bignone recibió una pena de 15 años de prisión, menos de los 50 que pidió la fiscalía. Llegó a juicio por su participación en la última junta de comandantes, como Rubén Franco. Los dos estaban acusados por la firma de dos resoluciones: la de la autoamnistía y la que declaró la muerte de los desaparecidos, es decir también de los niños. Las querellas se esforzaron en mostrar, durante el debate, el documento con el peso y los efectos de cualquier otro acontecimiento jurídico y penal. Por alguna razón que anoche aún no se conocía, el tribunal condenó a Bignone pero absolvió a Franco.

Entre los autores directos –los responsables de haberse quedado con los niños– se hallaron las penas más bajas. Víctor Gallo y su ex mujer Susana Colombo, acusados por la apropiación de Francisco Madariaga, recibieron 15 y 5 años de prisión. Francisco lloró cuando Roqueta leyó la condena a Gallo, y luego volvió a hacerlo cuando pronunció la de Colombo. La pena para Gallo fue más baja que la que este Tribunal le había puesto a Víctor Rei por la apropiación de Alejandro Sandoval (que fue de 16 años) y la pena sobre Colombo fue la mínima, un dato que permite entender que los jueces tomaron aquello que ella argumentó durante el juicio: que su silencio fue producto de la violencia de género.

El tribunal anunció que dará a conocer los fundamentos de la sentencia el 17 de septiembre. Allí habrá otros elementos para analizar. La condena a Videla es una de ellas, de la lectura de ayer se desprendieron datos importantes para esta y otras causas. Uno de ellos es que la acusación incluyó el caso de Macarena Gelman, que nació en territorio uruguayo. La decisión es importante porque pese a que hay antecedentes en el fallo de Orletti y de Arancibia Clavel, las defensas alegaban que no podía incluirse porque la causa específica del Plan Cóndor todavía no tiene sentencia.

El otro dato, más fino jurídicamente, es que la acusación incluyó a niños que aún están desaparecidos, entre ellos el hijo de Laura Carlotto y nieto de la presidenta de Abuelas, y a Clara Anahí Mariani, la nieta de Chicha Mariani. Para los abogados aparece una revisión de cosas que dejó escrita la Cámara Federal en la causa 13 de 1985. Al descartar los casos que habían llegado a juicio porque los niños no estaban, entendió que no había delito. “La defensa había usado esos argumentos: dijo que no se sabe si están vivos y tampoco está probado que estén apropiados, por eso una definición sobre eso a nivel jurídico y simbólico es muy importante”, había dicho un día antes a Página/12 Alan Iud, del equipo jurídico de Abuelas.

A la noche, los ocupantes de la sala donde se habían realizado las audiencias durante un año y medio se retiraban. Estela de Carlotto se chocaba con Mirta Guarino, que llegaba de afuera. A Victoria Montenegro la agarraban las Abuelas de las filas de adelante. Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se emocionaba con el juicio justo, legal, “jamás por mano propia”. En ese momento pasó Elsa Pavón por la puerta de la sala. Chiquitita, abajo de la campera, como pudo levantó el dedo pulgar de la mano derecha y así dejó la sala. “Tuvieron un juicio justo en plena luz del día –dijo– y con toda la justicia y la ley que no tuvieron los nuestros.”

En los pasillos estaban todos. No se escuchó el Himno Nacional que los familiares de los represores suelen ponerse a cantar en los finales de los juicios como si fuese el escudo desde donde batallar. La Cámara de Casación habilitó una sala para ellos y siguieron la sentencia a través de una pantalla. Afuera se amontonaban las abuelas. Una de ellas le dijo a otra: “Misión cumplida”. Era Jorgelina Azzarri de Pereyra, la madre de Liliana Pereyra, una de las mujeres cuya historia y tránsito por la maternidad clandestina se escuchó en las audiencias. Una mujer que, además, encontró a su nieto hace cuatro años, pero él aún vive con otra identidad. “¿Por qué misión cumplida? Por los años de lucha, de pedir, de elaborar, a medida que pasan los juicios, los hijos y los nietos van logrando esto que es pedir justicia.”

Afuera de los tribunales, con la noche cerrada y el frío, los organismos de derechos humanos estaban acompañados por jóvenes de agrupaciones políticas y sociales. Cuando los vio, más temprano, Isabel Fernández Blanco, una de las sobrevivientes, decía: “¡Ya no estamos solos!”.


Los condenados

- Jorge Eduardo Videla, 50 años. Creyó que pasaría a la historia como presidente de facto, pero las actuales enciclopedias lo definen como “dictador argentino”. Nacido en Mercedes el 2 de agosto de 1925, podría postularse al Guinness por la cantidad de condenas por delitos de lesa humanidad que está acumulando. Desde hace pocos días ocupa el pabellón de detenidos por crímenes contra la humanidad de la cárcel de Marcos Paz. Sus recientes últimas palabras concluyeron su ciclo de exposición mediática y provocaron escozor cuando se permitió calificar a “las parturientas aludidas por las querellas” como “activistas que usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes”.

- Antonio Vañek, 40 años. Fue comandante de Operaciones Navales durante 1977 y parte de 1978, y luego fue jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Armada. Además de los testimonios de los sobrevivientes, fue acusado por los demás represores, como el ex capitán Adolfo Scilingo, y por periodistas. La ESMA estaba bajo su mando operativo. Los médicos navales Jorge Magnacco y Alberto Arias Duval señalaron la asistencia que prestó a los partos que tuvieron lugar “dentro de la clandestinidad de la ESMA”. Acosta refirió que las órdenes emanaban de Vañek. A fines de 1998, cuando fue detenido, dijo que Emilio Massera había dado las órdenes para “luchar contra la guerrilla”.

- Jorge “Tigre” Acosta, 30. Se le ha retirado el cargo de capitán de fragata, era quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA, y comandaba el grupo de tareas 3.3.2. Fue quien decidió arrojar al río a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce. Entre los 82 delitos que se le han probado están los secuestros de la familia Tarnopolsky, Nilda Actis, Lisandro Cubas, Carlos García, Ricardo Coquet y la sueca Dagmar Hagelin. En 1981 viajó a Sudáfrica para asesorar al gobierno del apartheid en la lucha contrainsurgente. En 1998 se descubrió que tenía una cuenta secreta en Suiza, que podría haberse usado para depositar el producto de los bienes sustraídos a los detenidos-desaparecidos. Fue condenado el año pasado en la megacausa ESMA.

- Santiago Omar Riveros, 20 años. Fue el primer militar en explicar el terrorismo de Estado y afirmó que “no ha habido desaparecidos, sino terroristas aniquilados en el marco de una guerra revolucionaria, y por tanto irregular”. Ex comandante del Cuerpo IV del Ejército y ex comandante de Institutos Militares fue condenado en Italia por la desaparición de tres ciudadanos italianos y, en 2006, cuando estaba procesado por delitos cometidos en el Plan Cóndor, la Justicia determinó que su indulto era inconstitucional. En agosto de 2009 fue declarado culpable del homicidio de Floreal Avellaneda, joven militante de la Juventud Comunista, cuyo cuerpo torturado apareció en las costas uruguayas.

- Reynaldo Benito Bignone, 15 años. Otro genocida que anhelaba el bronce por su condición de “último presidente de facto”. “Lo que tanto se mencionó de dar una lista de los muertos a mi juicio hubiera sido un error trágico. Si el propio Estado da por muerto a un individuo quiere decir que dispone de las pruebas para afirmarlo. Después vendrían los interrogantes: ¿quién lo mató?, ¿dónde está el cadáver?, ¿por qué lo mataron?”, razonó en su libro El último de facto, incorporado como prueba en la etapa preliminar. Participó activamente del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón y, poco después del golpe, ocupó el Hospital Posadas, que se convertiría en un campo de exterminio. Bignone fue considerado un eslabón fundamental para garantizar la impunidad a los ejecutores de la práctica sistemática de apropiación de los menores, por haber firmado el Documento Final, que estableció la muerte de todos los desaparecidos y la ley de autoamnistía.

- Víctor Gallo, 15 años. Ex capitán del Ejército, ex miembro del Batallón de Inteligencia 601 y ex carapintada. Durante el juicio dijo ser accionista de una empresa de seguridad denominada Cooperativa Lince. En 1997 fue condenado a diez años de prisión por robo calificado, tenencia de arma de guerra, privación ilegal de la libertad y coacción. También estuvo involucrado en la masacre de Benavídez. “Gallo decía que era una guerra, todo el tiempo hablaba del supuesto enemigo, para él todos eran enemigos, todo el tiempo con odio, toda la familia, con eso nos criaban”, dijo el apropiado Francisco Madariaga.

- Juan Antonio Azic, 14 años. Suboficial principal retirado de la Prefectura y ex miembro del grupo de tareas 3.3 de la ESMA. “Un interrogador, un torturador”, lo definió el sobreviviente de la ESMA Carlos Lordkipanidse, a quien Azic le dijo cuando estaba en la mesa de torturas, “si no hablás le reviento la cabeza contra el piso a tu hijo”, que tenía apenas 20 días. Luego puso al pequeño Rodolfo sobre el pecho de su papá y le aplicó picana. Se apropió de Victoria Donda y Carla Ruiz Dameri, nacidas durante el cautiverio de sus padres en ese centro clandestino. Fue condenado el año pasado a 18 años de prisión en la megacausa ESMA.

- Jorge Luis Magnacco, 10 años. Era ginecólogo en el Hospital Naval y actuó como autoridad médica en la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA, donde la “pieza de las embarazadas” era llamada “la pequeña Sardá” por los propios marinos. En 2005 había sido condenado a diez años por su participación en el secuestro de Rodolfo Pérez, nieto de la Abuela Rosa Roisinblit.

- Susana Colombo, 5 años. Esposa de Gallo, dijo haber sido quien acompañó a Francisco Madariaga por primera vez a Abuelas de Plaza de Mayo y, como parte de su plan de defensa, se definió como víctima de sucesivas formas de violencia doméstica de su cónyuge, a quien definió como un psicópata. Incluso dijo que temió que la matara y que no recurrió a nadie porque lo único que sentía era miedo. Pero no tuvo ninguna respuesta cuando le preguntaron por qué esperó hasta 2010 para decirle que podía ser hijo de desaparecidos. “No tuve la partida de nacimiento de los chicos, no elegía los nombres, nunca tuve la escritura de la casa, vivía aislada en el barrio militar donde uno vive y se calla la boca”, fue su descripción.



La voz de los jóvenes que recuperaron su identidad

Manuel Gonçalves Granada: Lo importante es que haya habido condenas, creo que eso es la medida de que se termina la impunidad. Obviamente, siempre queremos que las condenas sean las máximas, pero están condenados y quedó claro que hubo un plan sistemático. Por eso fue un día histórico.

Victoria Montenegro: Esto no nos pasó solamente a nosotros, sino a todo el pueblo argentino. Pudimos avanzar en la justicia, pudimos probar que en la Argentina hubo un plan sistemático de apropiación de bebés, que no les alcanzó con matar a nuestros padres, sino que también tenían que quedarse con nosotros y criarnos como ellos querían, pero gracias a las Abuelas, a las Madres, a los familiares que nos buscaron siempre podemos estar acá. Quiero decirles a mis papás gracias por soñar con tener un país mejor, gracias por darnos la vida, y gracias a las Abuelas por devolvérnosla. Y Gracias a Néstor porque en el 2003 vino a rescatar las historias de nuestros viejos.

Pedro Luis Nadal García: Están presos, donde tienen que estar, eso es lo primero a decir, aunque me quedé reflexionando sobre la condena a los apropiadores de Francisco (Madariaga). La Justicia es la que decide, pero creo que ellos merecían más por el daño que hicieron. De todas maneras, aunque no habría condena suficiente para pagar el genocidio, es un aliciente que se los haya condenado.

Sabino Abdala: Esto es una reivindicación de la lucha de las Abuelas, después de 35 años. Por eso es un momento de mucha alegría. Pero también está mezclada la angustia, porque todavía hay 400 hermanos que faltan recuperar y ellos siguen negándose a decir dónde están.

Francisco Madariaga: Por el lado de mis apropiadores –a él le dieron 15 años y a ella 5–, me queda un sabor amargo, porque yo estuve privado de mi identidad durante 32 años y medio. En relación a que se demostró que hubo un plan sistemático de robo de bebés fue satisfactorio. Así que estoy conforme por lo que significa para la lucha de las Abuelas, y con un sabor amargo por el lado personal. Pero fue gratificante poder escuchar la sentencia al lado de mi papá; a los dos meses de que recuperé mi identidad también pude escuchar la condena por el secuestro de mi mamá. Poder cerrar esa etapa judicial es reconfortante.

Mariana Zaffaroni Islas: El juicio tiene significado no sólo en lo personal, sino también en lo social. Para cualquier ciudadano, que acciones como éstas no queden impunes representa una garantía. Aunque no se puede volver al estado anterior, se siente la tranquilidad de que los responsables paguen.

Alejandro Pedro Sandoval Fontana: Hace 30 años, los represores decían que las Abuelas eran unas viejas locas que daban vueltas a la Pirámide y la sociedad lo creía, pero gracias a su lucha interminable por buscarnos, la sociedad fue descubriendo la verdad. Esta es una gran batalla ganada, no sólo por la sentencia, sino porque hay una sociedad que comprende y apoya la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. Nos quedan otras batallas: saber dónde están los 400 hermanos apropiados y encontrar los restos de los desaparecidos.

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