viernes, 13 de abril de 2012

“Eran recluidas y obligadas a dar a luz”


El fiscal Martín Niklison reconstruyó, a partir de los testimonios recabados, los 35 casos del juicio y se concentró en los niños nacidos en la Comisaría V de La Plata y en el Pozo de Banfield, donde “se montó una verdadera maternidad clandestina”, dijo.

(Fuente: Alejandra Dandan - Página/12)

El modo “curioso y significativo” con el que el Poder Judicial rechazó u omitió los trámites de quienes buscaron a las embarazadas durante la dictadura. Las gestiones ante obispos y curas que hoy, más de 36 años después, hicieron que una de las fiscales del juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés todavía se pregunte: “¿Qué tipo de gestiones realizaba la Iglesia, ante cuál de las autoridades de facto y qué respuestas obtenían?”. O el rol de un Estado, que “tenía la obligación de suministrar información”, pero no lo hizo. Estos fueron algunos de los subrayados que hizo la Fiscalía Federal a cargo de Martín Niklison, en el segundo día de sus alegatos. Durante la reconstrucción de los casos y (ayer) del funcionamiento de la maternidad clandestina del Pozo de Banfield, la Fiscalía asumió la acusación de los crímenes del Estado terrorista de la dictadura. Retomó, en ese contexto, las últimas palabras con que los niños apropiados, hoy adultos, les hablaron a los jueces, sumándose a los reclamos que hicieron ellos. Y nombró a cada una de las víctimas desde sus identidades políticas.

El Servicio Penitenciario Federal trasladó a todos los acusados a los tribunales de Comodoro Py, pero recibió un reto de la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 6, María del Carmen Roqueta. Los problemas en los traslados provocaron que el martes el Tigre Jorge Acosta quedara en Comodoro Py hasta las once de la noche. O que el dictador Jorge Rafael Videla llegara a Campo de Mayo pasada la una de la mañana. Ayer estuvo sentado siempre en una esquina, al lado de Reynaldo Bignone, como si buscaran seguir manteniendo distancia. Ninguna cámara mostró la cara de Videla cada vez que la Fiscalía volvía a nombrarlo, como cuando le dijeron que no habla y, cuando lo hace, “decide hablar en una entrevista en la que reivindica su accionar como jefe de la dictadura”.

La Fiscalía avanzó con el rearmado de los 35 casos del juicio, a partir de los aportes dispersos de cada testigo. Concentró el alegato en dos puntos del Circuito Camps: los niños nacidos en la Comisaría V de La Plata y en el Pozo de Banfield, entendido ahora como la maternidad clandestina de ese circuito, y una de las tres que se investigan en el proceso.

“En el Pozo de Banfield, además de haberse alojado a cientos de detenidos-desaparecidos –dijo Niklison–, se montó una verdadera maternidad clandestina donde las madres eran recluidas hasta el término de su embarazo y obligadas a dar a luz. Luego del alumbramiento, el destino de los recién nacidos y de sus madres estaba sellado: los niños eran apropiados por fuerzas de la represión o familias allegadas, y sus madres, en cambio, integrarían la lista de desaparecidos.”

Las embarazadas parían en la “enfermería”: sus embarazos sucedían en el encierro, tabicadas y vendadas como los demás, y en condiciones de desnudez casi total en algunos casos, dijeron. En contadas ocasiones, las futuras madres fueron provistas de algún medicamento o alimento distinto, aunque cuando se “acercaba la fecha del alumbramiento generalmente eran puestas al cuidado de alguno de sus compañeros, había controles médicos y los partos eran usualmente atendidos por el médico policial Jorge Antonio Bergés”.

Esas “señales claras” demuestran “el interés de los represores de mantener la gestación de los hijos de las desaparecidas”. Un dato que reforzaron poco más tarde al describir cómo, tras el parto, esos mismos cuidados se desvanecían. “Otra constante del Pozo de Banfield –dijo el fiscal– fue que, luego de tener a sus hijos, las madres eran libradas a su suerte, teniendo que lidiar por sí solas con los dolores postparto y las infecciones que se les generaban por la acumulación de leche. Ya nadie iba a controlar su estado de salud ni se interesaba por ellas. Sólo se las volvía a buscar, a fin de ser trasladadas. Esto demostraba que el interés de la organización represiva por el estado de estas mujeres desaparecía luego del nacimiento de los niños.”

Niklison y las fiscales ad hoc Nuria Piñol, María Saavedra y Viviana Sánchez lograron explicar por qué muchos de los niños que nacieron en el Pozo de Banfield eran hijos de parejas uruguayas, secuestradas en Argentina. Para eso, reconstruyeron la historia del Pozo, la relación con el Plan Cóndor, la conexión con el Pozo de Quilmes y la Brigada de San Justo y explicaron cómo luego de la caída de un militante montonero con documentos uruguayos empezó a caer ahí el último grupo de uruguayos.

Hubo un apartado para Adriana Calvo, casi a modo de homenaje, pero que permitió a la vez plantear su caso como “una excepción”. Muerta el año pasado, su nombre se repitió innumerables veces en las audiencias no sólo porque dio a luz en un patrullero, secuestrada, y salió viva con su hija, sino porque mientras estuvo cautiva asistió a las embarazadas, hizo las primeras sistematizaciones de los partos y ayudó a los familiares de los desaparecidos a encontrarse con los niños robados o les acercó datos y relatos de su gente. “Lamentamos enormemente que no haya podido relatarnos en esta sala el calvario que vivió y el crudo nacimiento de su hija Teresa en un patrullero de la policía”, dijo Niklison. “Si bien ella no pudo darnos presencialmente su testimonio, su declaración ante la Cámara Federal en 1984 ha sido proyectada innumerables veces y quedará grabada para siempre en nuestras memorias. Su testimonio pone en voz presente el horror que sufrieron las madres desaparecidas que nunca pudieron relatar el nacimiento de sus hijos.”

Adriana, que parió mientras la llevaban de la Comisaría V al Pozo de Banfield, donde Bergés le sacó el tabique de los ojos y “bruscamente” le quitó la placenta y la obligó a limpiar el lugar frente al oficial de guardia y a otros carceleros que se reían, fue una “circunstancia excepcional, única en el Pozo de Banfield”: la organización represiva postergó su liberación ya decidida por la atención que les demandó el caso de los Graiver.

Más tarde, el fiscal Niklison volvió a hablarle a Videla. Hablaba de las fichas que elaboró el Ejército con los desaparecidos, un dato evidente a partir de legajos incorporados al expediente sobre las víctimas de La Noche de los Lápices. “Estas fichas demuestran cabalmente el riguroso control de información que el Ejército llevaba de los operativos –dijo el fiscal–. Nos preguntamos dónde estarán las fichas con la información de las embarazadas que parieron o pasaron por ese centro clandestino. Nos gustaría que el ex comandante en jefe del Ejército aquí presente nos lo diga.”

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