“No merecen ninguna indulgencia”

“No son pobres ancianos, han envejecido impunes”, dijo el fiscal Martín Niklison al hablar sobre el dictador Jorge Rafael Videla, Ruben Oscar Franco, Reynaldo Bignone, Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros acusados.

(Fuente: Alejandra Dandan / Página 12)

“Algún desprevenido podrá apiadarse de los acusados por su ancianidad, pero no son pobres ancianos, sino que han envejecido impunes, guardando para ellos la información que ayudaría a las víctimas a encontrarse con la verdad. No merecen ninguna indulgencia. Ni en el epílogo de sus vidas se percibe en ellos un atisbo de intentar mitigar el dolor que causaron, por el contrario, reivindican sus crímenes y los ratifican con su silencio permanente.” Con esas palabras, el fiscal Martín Niklison marcó el carácter de esos ancianos represores acusados por el plan sistemático de robo de niños durante la última dictadura, en el último día de alegato. Tras analizar los dilemas sobre cómo cuantificar la magnitud de delitos de “una gravedad extraordinaria” y comparándolos con las sanciones de que dispone la nueva ley de desaparición forzada de personas, en línea con las querellas, la fiscalía federal pidió la pena máxima de 50 años de prisión para el dictador Jorge Rafael Videla, como autor mediato por veintiún apropiaciones de niños. El pedido del tope máximo de condenas de 50 años alcanzó además a Ruben Oscar Franco, Reynaldo Bignone, Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta. La fiscalía pidió además el inicio de una investigación sobre el obispo castrense Emilio Graselli, para que se indague sobre su posible complicidad o encubrimiento de los crímenes.

Durante un cuarto intermedio de la audiencia, se produjo una escena que reafirmó las palabras con las que el fiscal recordó una y otra vez el cinismo y el silencio que aún guardan los represores. Franco y Bignone se levantaron campantemente de sus sillas para acercarse a Omar Riveros. El ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo acababa de ser acusado por dos hechos: la apropiación de Pablo Casariego Tato y de Francisco Madariaga Quintela. Ahí, en medio de lo que parecía hacerlos revivir la escena de una vieja reunión de gabinete, Bignone le preguntó a Riveros: “¿Así que te acusan por dos casos?: ¡Ajá! ¡Sos un angelito!”.

Las querellas los escucharon. También lo hicieron las Abuelas. Elsa Pavón, la abuela de Paula Logares, estaba sentada entre el público, al lado de la madre de Cecilia Viñas y de Rosario Isabella Valenzi. Elsa no dijo nada. Uno de los abogados susurró lo que aquéllas no pueden decir: “A estos hombres –dijo– no les importa nada”.

La acusación

El final de los seis días de lectura de pruebas tuvo dos aspectos importantes. El primero, la necesidad de señalar lo atípico de la apropiación, cuyos efectos continúan en el presente amparados por el silencio de los represores. El segundo, más técnico pero probablemente significativo para otras causas, fue la forma que encontró la fiscalía para saltar el escollo que provoca fundamentar el pedido de penas de 50 años de prisión en la llamada y polémica ley Blumberg, comparando los casos con el corazón de la ley de 2011 de desaparición forzada de personas.

Durante la lectura del primer punto, Niklison estuvo varias veces a punto de estallar en lágrimas. “Al momento de fijar la pena también habrá que tener en cuenta que a estos hombres nunca les importó el suplicio a que sometían, y siguen sometiendo, en muchos casos, a los familiares que buscaban a esos niños y los largos años de duración de sus crímenes”, dijo. “Parece difícil encontrar muchos casos de mayor crueldad y sadismo que el de quienes sabían –saben– que había y hay mujeres buscando a sus nietos.” Que había una madre, dijo, buscando a su hijo como lo era Sara Méndez. Que había un padre en igual situación como Abel Madariaga. “Y pese a que ellos podían hacer cesar ese sufrimiento optaron por no responder a sus reclamos, por no recibirlos, por hacer silencio sobre el tema, por no decir nada.”

En la sala escuchaba un grupo de Abuelas. Niklison recordó que, “peor aún”, esas abuelas se convirtieron para ellos “en otra cara de la subversión que buscaba destruir familias cristianas sacándoles a esos niños”. Mencionó la complicidad de jueces y de los medios de comunicación, como lo hicieron las querellas, resaltando la construcción de humanidad que les dieron a los apropiadores. También dijo: “Contaron con sus abogados que se encargaban de descalificar denunciantes y obispos que hablaban de reconciliación sin exigir antes la verdad”.

Durante el juicio, recordó, se quitó la vida una joven que desde su infancia intentaba saber qué pasó con sus padres. O dónde estaba su hermano nacido en cautiverio. Y se preguntó: “¿Cómo medir el dolor de Chicha Mariani y de Estela de Carlotto que hace más de treinta años buscan a sus nietos? ¿Y el de Licha de la Cuadra, primera presidenta de Abuelas, que murió antes de encontrar a su nieta Ana Libertad? ¿Cómo ponerse en el lugar de Clara Petrakos y comprender algo de su sufrimiento tras 35 años de no saber qué pasó con sus padres y su hermana?”. Y dijo: “También resulta imposible ponerse en el lugar de los imputados para comprender qué los llevó a cometer semejantes crímenes, qué los hace mantenerse incólumes en su discurso y en la negación de lo sucedido, específicamente con estos niños”. Detrás de las palabras del fiscal aparecía una réplica a las supuestas confesiones que Videla viene haciendo a la prensa sin decir nada de los niños.

Cada una de esas invocaciones fundamentaron el segundo aspecto: el pedido extraordinario de 50 años de prisión para los cerebros del plan. En términos técnicos, el número está habilitado desde 2004 por la sanción de la ley Blumberg y puede usarse en estos casos porque el delito de la apropiación no termina de cometerse hasta que los niños recuperan la identidad. Como algunos de los 34 niños que integran el juicio recuperaron su identidad después de 2004 –es decir después de la sanción de la ley– y otros aún no la recuperaron, la figura está habilitada. En eso se basaron las querellas para pedir 50 años para Videla. En este caso, la fiscalía agregó además a otros represores. Para no basarse exclusivamente en una ley controvertida, evocó para dar “un buen indicio de la gravedad de estos delitos en el ámbito nacional” la ley 26.679, que tipifica la desaparición forzada de mujeres embarazadas y expresamente de personas nacidas durante la desaparición forzada de la madre e impone penas de prisión perpetua. “No se pretende la aplicación de esa ley –aclaró el fiscal–, sino sólo ejemplificar sobre la gravedad con la que en la actualidad los poderes del Estado consideran estos delitos. Así como existen los delitos de bagatela, existen estos delitos que hacen estallar los máximos penales: una sola desaparición es tan grave como para imponer una pena máxima.”

En concreto, los cargos dividieron a los acusados en dos grupos: Videla, Riveros, Vañek, Franco y Bignone fueron acusados como coautores mediatos, por ocupar los escalones superiores “desde donde emanaron las órdenes”, todos “eran altos jerarcas del sistema represivo”, hombres que estaban por atrás o arriba de los autores directos: “Asignaron personal destinado al equipamiento y aseguraron un sistema criminal para que nadie perturbara a los apropiadores”, fueron indicando las fiscales ad hoc Nuria Piñol y Viviana Sánchez. A Videla se lo acusó por 21 hechos; a Riveros le pidieron 30 años por dos casos; a Franco y Bignone se los acusó por 31 hechos, en otro de los giros del alegato: sus responsabilidades son por el “Documento Final” de la Junta que declaró la muerte de los desaparecidos y por ende la muerte de los niños. Y que prohibía además toda investigación. A Bignone le pesa además la ley de autoanmistía. A Vañek lo imputaron por sustracción, retención y ocultamiento de diez hechos.

Acosta, el prefecto Juan Antonio Azic, el médico Jorge Luis Magnacco, Eduardo Ruffo, Víctor Alejandro Gallo y Susana Colombo fueron descriptos como autores directos. A Acosta se le imputaron once hechos, entre ellos el de Victoria Donda y Juan Cabandié. Para Magnacco pidieron 19 años de prisión por el caso de Cecilia Viñas. Y a Azic, Gallo y Colombo se los acusó además como apropiadores directos porque “mantuvieron la mentira día a día haciéndoles creer a los jóvenes apropiados que eran sus padres”. Para Azic y Gallo, 25 años, y para Colombo, 14 años de prisión.

Un párrafo aparte merece Ruffo. Llegó a este juicio acusado por participar del secuestro y apropiación del hijo de Sara Méndez. Está acusado y condenado por otra apropiación; se le abrió una causa por abusos a esa niña y tiene condenas por delitos comunes. Veintiséis años después del secuestro del hijo de Sara Méndez aportó datos para ubicarlo a él y a Macarena Gelman. Los fiscales ponderaron esa situación como un atenuante y bajaron la pena máxima de 19 años para este caso a 17 años de prisión: “Esa actitud lo pone en un lugar diferente de los otros imputados. Pero también es cierto que eso lo pudo hacer cualquier día de esos 26 años y evitar un inmenso dolor, pero recién lo hizo en 2001”.