Una juez de menores de Lomas de Zamora en la última
dictadura militar rompió el documento de un nene de 9 meses para darlo en
adopción y no devolverlo a sus familiares biológicos, según declaró hoy una
testigo en el juicio oral contra los ex dictadores Jorge Rafael Videla y
Reynaldo Bignone, entre otros, por robo de bebés.
La asistente social María Felicitas Elías dio su testimonio
ante el Tribunal Oral Federal 6 que juzga el plan sistemático para la
apropiación de niños en la dictadura, ocasión en la que reveló que la
magistrada también envió a tres hermanitos a un instituto porque sus padres
eran "montoneros" y habían "desafiado" a la Constitución.
Estos fueron sólo algunos de los casos reflotados hoy por la
asistente social Elías ante el tribunal, al detallar el mecanismo “perverso”
con que se actuaba en casos de menores con padres víctimas de la represión
ilegal.
Elías trabajó en el juzgado de la ya fallecida juez de
menores de Lomas de Zamora, Marta Pons, y presenció cómo su entonces jefa
rompió el documento de identidad que había llegado “en el pecho de Emiliano
Ginés, un bebé de 9 meses que llegó al juzgado en brazos de un policía de la
provincia de Buenos Aires”.
“La juez sale de su oficina en ese instante, yo estaba ahí,
dice quién es, se le informa, rompió el documento y lo tiró al tacho de
basura”, recordó al declarar como testigo la entonces asistente social del
juzgado.
El bebé, con síndrome de down, fue internado en el hospital
Sor María Ludovica donde falleció meses después, en vez de ser restituído a
familiares biológicos.
Otro caso que recordó porque tuvo intervención directa fue
el de los tres hermanos Ramírez, derivados al juzgado luego de que su mamá fue
ametrallada por militares y su papá fue apresado.
“Los pedía una tía paterna, la visité y redacté un informe a
favor de darle la guarda, pero la juez me llamó a su despacho y me dijo que no
era lo que esperaba, que eran hijos de un paraguayo montonero que había
desafiado la
Constitución Nacional y no merecía recuperarlos”, recordó
sobre ese diálogo.
Los niños fueron enviados al Hogar de Belén, un internado
donde la mayor sufrió abusos sexuales y recién pudieron reunirse con su padre
en Suecia, donde se había exiliado, con el retorno de la democracia.
"Estuvieron estas viejas" contó además Elías que
escuchó decir por teléfono a Pons, jubilada en 1984 y muerta en 1994, a su interlocutor, el
entonces jefe de la Policía
bonaerense, Ramón Camps.
La juez daba cuenta de la visita a su despacho de las
Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani y Estela de Carlotto, a principios de
los 80: “Les dije que no tengo ningún chico de los que buscan”, agregó.
"Los juzgados de menores de la época no tenían alzada,
una decisión del juez definía el futuro hasta la mayoría de edad, era un modo
de intervención perverso", agregó.
También contó que las Abuelas dejaron carpetas amarillas con
datos y fotos de chicos buscados, entre ellos Emiliano Ginés, el bebé de 9
meses internado.
“Sobre él había un documento, que ella rompió, esto hacía
factible saber quién era y cómo localizar a sus familiares”, dijo la asistente
social.
Otro de los casos fue el de Jorgelina Planas, entregada en
adopción a un militar de San Isidro y cuyos datos estaban en las carpetas de
Abuelas, pese a lo cual la juez no dijo nada.
La testigo reveló además que en al menos ese juzgado se
sabía de centros clandestinos de detención durante su funcionamiento: “Hay
gente detenida que está en la
Cacha ”, escuchó decir una vez a Pons, por ejemplo.
Los jueces del tribunal quisieron saber si había vínculos
entre jueces de menores de distintas jurisdicciones y preguntaron sobre otros
empleados del juzgado, como el actual miembro del Tribunal Oral Federal 3
Guillermo Gordo, ex yerno de la magistrada y ex secretario de su juzgado en esa
época.
“Trabajaba con nosotros en el juzgado, primero fue oficial
mayor, luego secretario y el papá de Guillermo era general”, contestó sobre el
actual magistrado, al tiempo que indicó que “otro de los secretarios era Raúl
Donadío, actual juez de menores” en el mismo distrito.
En la dictadura “había ciertos niños que merecían trato diferenciado
y eso era no estar con sus familias por ser hijos de desaparecidos o detenidos,
porque no merecían criarlos”, concluyó.
Esta fue la segunda vez que Elías prestó testimonio judicial
de lo vivido en el juzgado de Pons, adonde fue empleada porque la juez la
conocía desde “el jardín de infantes” y había un vínculo familiar, como explicó
cuando retrucó preguntas relativas a la falta de denuncia inmediata de lo que
sucedía.
“Había un clima de terror, no había ante quien denunciar, la
jueza rechazaba habeas corpus, hasta rechazó el de una chica que vivía al lado
del juzgado, fue secuestrada y el padre saltó en ese momento la pared para
pedir por ella”, agregó.
La testigo ya declaró ante el juez federal Daniel Rafecas en
la causa todavía abierta donde se investiga lo ocurrido con los hermanos
Ramirez, tras el asesinato de su madre y la detención del padre a disposición
del PEN.
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