“No son
pobres ancianos, han envejecido impunes”, dijo el fiscal Martín Niklison al
hablar sobre el dictador Jorge Rafael Videla, Ruben Oscar Franco, Reynaldo
Bignone, Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros acusados.
(Fuente: Alejandra
Dandan / Página 12)
“Algún
desprevenido podrá apiadarse de los acusados por su ancianidad, pero no son
pobres ancianos, sino que han envejecido impunes, guardando para ellos la
información que ayudaría a las víctimas a encontrarse con la verdad. No merecen
ninguna indulgencia. Ni en el epílogo de sus vidas se percibe en ellos un
atisbo de intentar mitigar el dolor que causaron, por el contrario, reivindican
sus crímenes y los ratifican con su silencio permanente.” Con esas palabras, el
fiscal Martín Niklison marcó el carácter de esos ancianos represores acusados
por el plan sistemático de robo de niños durante la última dictadura, en el
último día de alegato. Tras analizar los dilemas sobre cómo cuantificar la
magnitud de delitos de “una gravedad extraordinaria” y comparándolos con las
sanciones de que dispone la nueva ley de desaparición forzada de personas, en
línea con las querellas, la fiscalía federal pidió la pena máxima de 50 años de
prisión para el dictador Jorge Rafael Videla, como autor mediato por veintiún
apropiaciones de niños. El pedido del tope máximo de condenas de 50 años
alcanzó además a Ruben Oscar Franco, Reynaldo Bignone, Antonio Vañek y Jorge
“El Tigre” Acosta. La fiscalía pidió además el inicio de una investigación
sobre el obispo castrense Emilio Graselli, para que se indague sobre su posible
complicidad o encubrimiento de los crímenes.
Durante un
cuarto intermedio de la audiencia, se produjo una escena que reafirmó las
palabras con las que el fiscal recordó una y otra vez el cinismo y el silencio
que aún guardan los represores. Franco y Bignone se levantaron campantemente de
sus sillas para acercarse a Omar Riveros. El ex jefe de Institutos Militares de
Campo de Mayo acababa de ser acusado por dos hechos: la apropiación de Pablo
Casariego Tato y de Francisco Madariaga Quintela. Ahí, en medio de lo que
parecía hacerlos revivir la escena de una vieja reunión de gabinete, Bignone le
preguntó a Riveros: “¿Así que te acusan por dos casos?: ¡Ajá! ¡Sos un
angelito!”.
Las
querellas los escucharon. También lo hicieron las Abuelas. Elsa Pavón, la
abuela de Paula Logares, estaba sentada entre el público, al lado de la madre
de Cecilia Viñas y de Rosario Isabella Valenzi. Elsa no dijo nada. Uno de los
abogados susurró lo que aquéllas no pueden decir: “A estos hombres –dijo– no
les importa nada”.
La
acusación
El final de
los seis días de lectura de pruebas tuvo dos aspectos importantes. El primero,
la necesidad de señalar lo atípico de la apropiación, cuyos efectos continúan
en el presente amparados por el silencio de los represores. El segundo, más
técnico pero probablemente significativo para otras causas, fue la forma que
encontró la fiscalía para saltar el escollo que provoca fundamentar el pedido
de penas de 50 años de prisión en la llamada y polémica ley Blumberg,
comparando los casos con el corazón de la ley de 2011 de desaparición forzada
de personas.
Durante la
lectura del primer punto, Niklison estuvo varias veces a punto de estallar en
lágrimas. “Al momento de fijar la pena también habrá que tener en cuenta que a
estos hombres nunca les importó el suplicio a que sometían, y siguen
sometiendo, en muchos casos, a los familiares que buscaban a esos niños y los
largos años de duración de sus crímenes”, dijo. “Parece difícil encontrar
muchos casos de mayor crueldad y sadismo que el de quienes sabían –saben– que
había y hay mujeres buscando a sus nietos.” Que había una madre, dijo, buscando
a su hijo como lo era Sara Méndez. Que había un padre en igual situación como
Abel Madariaga. “Y pese a que ellos podían hacer cesar ese sufrimiento optaron
por no responder a sus reclamos, por no recibirlos, por hacer silencio sobre el
tema, por no decir nada.”
En la sala
escuchaba un grupo de Abuelas. Niklison recordó que, “peor aún”, esas abuelas
se convirtieron para ellos “en otra cara de la subversión que buscaba destruir
familias cristianas sacándoles a esos niños”. Mencionó la complicidad de jueces
y de los medios de comunicación, como lo hicieron las querellas, resaltando la
construcción de humanidad que les dieron a los apropiadores. También dijo:
“Contaron con sus abogados que se encargaban de descalificar denunciantes y
obispos que hablaban de reconciliación sin exigir antes la verdad”.
Durante el
juicio, recordó, se quitó la vida una joven que desde su infancia intentaba
saber qué pasó con sus padres. O dónde estaba su hermano nacido en cautiverio.
Y se preguntó: “¿Cómo medir el dolor de Chicha Mariani y de Estela de Carlotto
que hace más de treinta años buscan a sus nietos? ¿Y el de Licha de la Cuadra, primera presidenta
de Abuelas, que murió antes de encontrar a su nieta Ana Libertad? ¿Cómo ponerse
en el lugar de Clara Petrakos y comprender algo de su sufrimiento tras 35 años
de no saber qué pasó con sus padres y su hermana?”. Y dijo: “También resulta
imposible ponerse en el lugar de los imputados para comprender qué los llevó a
cometer semejantes crímenes, qué los hace mantenerse incólumes en su discurso y
en la negación de lo sucedido, específicamente con estos niños”. Detrás de las
palabras del fiscal aparecía una réplica a las supuestas confesiones que Videla
viene haciendo a la prensa sin decir nada de los niños.
Cada una de
esas invocaciones fundamentaron el segundo aspecto: el pedido extraordinario de
50 años de prisión para los cerebros del plan. En términos técnicos, el número
está habilitado desde 2004 por la sanción de la ley Blumberg y puede usarse en
estos casos porque el delito de la apropiación no termina de cometerse hasta
que los niños recuperan la identidad. Como algunos de los 34 niños que integran
el juicio recuperaron su identidad después de 2004 –es decir después de la
sanción de la ley– y otros aún no la recuperaron, la figura está habilitada. En
eso se basaron las querellas para pedir 50 años para Videla. En este caso, la
fiscalía agregó además a otros represores. Para no basarse exclusivamente en
una ley controvertida, evocó para dar “un buen indicio de la gravedad de estos
delitos en el ámbito nacional” la ley 26.679, que tipifica la desaparición
forzada de mujeres embarazadas y expresamente de personas nacidas durante la
desaparición forzada de la madre e impone penas de prisión perpetua. “No se
pretende la aplicación de esa ley –aclaró el fiscal–, sino sólo ejemplificar
sobre la gravedad con la que en la actualidad los poderes del Estado consideran
estos delitos. Así como existen los delitos de bagatela, existen estos delitos
que hacen estallar los máximos penales: una sola desaparición es tan grave como
para imponer una pena máxima.”
En
concreto, los cargos dividieron a los acusados en dos grupos: Videla, Riveros,
Vañek, Franco y Bignone fueron acusados como coautores mediatos, por ocupar los
escalones superiores “desde donde emanaron las órdenes”, todos “eran altos
jerarcas del sistema represivo”, hombres que estaban por atrás o arriba de los
autores directos: “Asignaron personal destinado al equipamiento y aseguraron un
sistema criminal para que nadie perturbara a los apropiadores”, fueron
indicando las fiscales ad hoc Nuria Piñol y Viviana Sánchez. A Videla se lo
acusó por 21 hechos; a Riveros le pidieron 30 años por dos casos; a Franco y
Bignone se los acusó por 31 hechos, en otro de los giros del alegato: sus
responsabilidades son por el “Documento Final” de la Junta que declaró la muerte
de los desaparecidos y por ende la muerte de los niños. Y que prohibía además
toda investigación. A Bignone le pesa además la ley de autoanmistía. A Vañek lo
imputaron por sustracción, retención y ocultamiento de diez hechos.
Acosta, el
prefecto Juan Antonio Azic, el médico Jorge Luis Magnacco, Eduardo Ruffo,
Víctor Alejandro Gallo y Susana Colombo fueron descriptos como autores
directos. A Acosta se le imputaron once hechos, entre ellos el de Victoria
Donda y Juan Cabandié. Para Magnacco pidieron 19 años de prisión por el caso de
Cecilia Viñas. Y a Azic, Gallo y Colombo se los acusó además como apropiadores
directos porque “mantuvieron la mentira día a día haciéndoles creer a los
jóvenes apropiados que eran sus padres”. Para Azic y Gallo, 25 años, y para
Colombo, 14 años de prisión.
Un párrafo
aparte merece Ruffo. Llegó a este juicio acusado por participar del secuestro y
apropiación del hijo de Sara Méndez. Está acusado y condenado por otra
apropiación; se le abrió una causa por abusos a esa niña y tiene condenas por
delitos comunes. Veintiséis años después del secuestro del hijo de Sara Méndez
aportó datos para ubicarlo a él y a Macarena Gelman. Los fiscales ponderaron
esa situación como un atenuante y bajaron la pena máxima de 19 años para este
caso a 17 años de prisión: “Esa actitud lo pone en un lugar diferente de los
otros imputados. Pero también es cierto que eso lo pudo hacer cualquier día de
esos 26 años y evitar un inmenso dolor, pero recién lo hizo en 2001”.
